Un procedimiento ilegal pone en jaque la política de “allanamientos masivos” de la provincia
Dos procuraciones nacionales, la Procunar (dedicada a casos de drogas) y la Procuvin (a violencia institucional) tendrán que opinar sobre un procedimiento policial realizado en Colastiné el año pasado, que fuera declarado nulo por un juez federal. El fiscal federal santafesino abrió una investigación preliminar para determinar las responsabilidades de Diego Poretti, actual funcionario provincial, y del ex jefe de la policía, Hugo Tognoli. Por Hector Galiano
Dos Procuraciones nacionales, una dedicada a casos de drogas y otra a violencia institucional recibieron en los últimos días un escrito del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, en el que solicita colaboración a las agencias del Estado para establecer una estrategia a seguir en el marco de una investigación preliminar que el representante del Ministerio Público Fiscal abrió luego que el juez federal Francisco Miño declarara nulo un procedimiento policial.
Los hechos investigados se remontan al 27 de junio del año pasado cuando una comisión policial irrumpió en una vivienda ubicada en el distrito de Colastiné, a pocos minutos del centro de la capital santafesina. Allí, agentes ingresaron y requisaron la finca sin orden judicial. Los moradores – dos hombres – no se negaron al ingreso de los policías, quienes confiaron que la presencia del subsecretario de Seguridad Pública, Diego Poretti y del entonces jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, refrendarían sus actos.
Dentro de la casa había unos 11 gramos de cocaína y poco más de 50 de marihuana y es por ello que intervino luego la Brigada Departamental de la división antinarcóticos. Los moradores no fueron detenidos por la droga encontrada en el lugar, pero sí “arrestados” hasta el día 28 de junio, a las 22.40 horas. Fueron liberados por orden del juez Jorge Pegassano, que no tenía ningún motivo para motivar la privación de la libertad que, el fiscal entiende, fue ilegal en ese segmento temporal.
Frente a ello, Walter Rodriguez solicitó la nulidad de ese procedimiento y en los últimos días de septiembre la justicia le hizo lugar a la petición. Luego de esa decisión del magistrado, el fiscal comenzó una investigación preliminar para establecer si impulsa una denuncia contra los funcionarios o archiva definitivamente las actuaciones. Para ello, se pudo establecer que el allanamiento del 27 de junio pasado, estaba enmarcado en una serie de procedimientos masivos que impulsaba el ministerio de Seguridad en la provincia y en el que los funcionarios políticos y judiciales desempañaban funciones que excedían los límites constitucionales. Aclara el fiscal que, si bien no existe interés federal directo, el procedimiento pudo entorpecer o hacer caer una investigación más grande por venta de estupefacientes. En la investigación preliminar se incorporaron elementos sustanciales, como la declaración de la secretaria penal del juzgado provincial interviniente y los libros de la policía que dejaron asentados los arrestos de los dos hombres que habitaban la casa de la zona de la costa. El pedido de colaboración a la Procuvin tiene sentido porque, durante el procedimiento ilegal cuestionado, los policías se mofaban de ciertas condiciones personales de los moradores.
Bajo la lupa
Diego Poretti fue designado como funcionario del ministerio de seguridad mediante decreto 123 del 2011, en tanto que Hugo Tognoli fue ungido jefe de la policía en diciembre de 2011. Tognoli fue detenido en octubre del año pasado acusado de darle cobertura a una banda narco que operaba en departamentos del sur santafesino. La causa judicial que lo puso tras las rejas fue muy floja – y lo sigue siendo – y por ello el ex jefe policial recuperó la libertad, pero en marzo de este año volvió a quedar detenido por una maniobra de los fiscales federales rosarinos que le imputaron una figura novedosa en términos de causas por drogas: la empresa criminal conjunta. La Cámara de Apelaciones rechazó esa figura pero confirmó parcialmente el procesamiento de Tognoli, que espera el juicio oral detenido en el penal santafesino ubicado en el barrio de Las Flores.
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