UN APORTE A LA INVESTIGACIÓN

A un año del asesinato de la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) Sandra Cabrera, sus compañeras pedirán esta semana una audiencia con la comisión investigadora del crimen, creada en mayo pasado en la Cámara de Diputados.

“El objetivo es evaluar si hay algún espacio en el que AMMAR y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) puedan trabajar y proponer medidas para la investigación, o si no hay voluntad política para llevarla adelante”, aseguró la abogada María Eugenia Caggiano, quien en diciembre logró tener acceso a la causa, no como querellante pero sí para obtener información sobre la misma y proponer medidas.

La decisión parte de una declaración de la legisladora radical Mónica Peralta, miembro de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, quien “después del desprocesamiento de (el policía federal Diego) Parvluckzyk, reconoció ante los medios que la justicia no había otorgado a los testigos que habían declarado en la causa y ante esa Comisión, las garantías políticas necesarias para que este hecho se esclareciera”, explicó Caggiano y agregó: “Tomando en cuenta esta declaración bastante sincera de una de los miembros de la Comisión, queremos ver hasta qué punto hay un nivel de autocrítica al respecto, y ver qué medidas tienen pensado tomar, para ver si AMMAR puede prestar colaboración a la investigación hecha, o buscar un espacio en el cuál se investigue el asesinato por fuera del ámbito judicial, de un modo más operativo y serio”.

Cuando Rosario/12 preguntó porqué se refería a algo más serio, respondió que “en principio porque cuando uno lee el reglamento de la Cámara y observa que las asignaciones que la Legislatura le da a esta Comisión ‑cuando se constituye como investigadora de un hecho de la naturaleza del asesinato de Sandra‑, llama la atención que tenga las mismas facultades que un juez de instrucción. Y si nos ponemos a analizar cuál ha sido la labor de esta comisión respecto a la investigación, encontramos que lo único que se ha hecho es repetir algunas testimoniales que se llevaron a cabo en la causa de la investigación judicial. Cuando en realidad ‑a criterio nuestro‑ se podría haber profundizado mucho más. En primer lugar, pensar qué tipo de herramientas se pueden utilizar para brindar esa garantía política a la que hace alusión Mónica Peralta y que estaría ausente”.

Luego Caggiano detalló algunas medidas que deberían aplicarse en la investigación para ir más allá del testimonio: “Buscar mecanismos ingresando en la Legislatura, o buscar otro tipo de mecanismos que puedan dar este tipo de garantía política”.

La participación de AMMAR y CTA en la investigación está dando sus primeros pasos, ya que fue recién entre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado que dicha organizaciones “pidieron al juez ‑ en ese momento Carlos Carbone‑ el ingreso a la causa a través de una reforma que se había hecho en el 2003 del Código de Procedimiento Penal, que permite a quien tenga interés legítimo a pedir informes al juzgado, que tiene la obligación de brindar toda la información que la institución o la persona física soliciten”, detalló la letrada de AMMAR, quien por otro lado aclaró que “no es una figura que se pueda identificar con la de un querellante a la hora de un acto civil, pero sirve para obtener información, proponer medidas, y para tener acceso a la causa y que no lo habíamos tenido hasta ese momento.

Luego de que el 8 de noviembre se revocara el procesamiento del único imputado en la causa, Diego Parvluczyk, surgió la primera acción participativa, que fue una reunión entre el fiscal de cámara, el fiscal querellante, el juez, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, AMMAR, y CTA “para ver qué lectura hacíamos nosotros del fallo y cómo proponíamos rearmar la investigación en torno a la causa”, aseguró Caggiano, y afirmó que además sirvió para “escucharnos en torno a lo que veníamos proponiendo verbalmente en forma informal, y el juzgado nos dio la información de cuáles eran las medidas de prueba que iban a trabajar, vinculadas basicamente con una indagatoria a Parvluczyk, con algunas testimoniales que habían tomado, y algún otro tipo de medidas”.

Respecto a la audiencia que se solicitará para la semana en curso, habrá una segunda cuestión a tratar. Arribará a Rosario la tía de Sandra, Carmen, quien actualmente está a cargo de la tenencia de los hijos de su sobrina. Por lo tanto “queríamos que ‑atendiendo a un pedido de la Comisión Investigadora para priorizar la búsqueda de un subsidio para la educación de los chicos‑ haya contacto directo con quien tiene la tenencia legal”, explicó. “Por otro lado ‑agregó‑, ver qué agenda tiene programada la Comisión con respecto a esta causa, a fin de evaluar si hay algún espacio en el que AMMAR y CTA puedan trabajar y proponer medidas para la investigación”.