Un cambio histórico

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado a finales de 2007 y empezó a regir en parte (parcialmente) el 14 de febrero de 2009. Esto quiere decir que su implementación fue progresiva y por materia, de acuerdo a una ley que había sancionado la Legislatura en 2008. En concreto, entraron en vigencia institutos previstos en el nuevo Código que eran factibles de funcionar con las actuales estructuras, como las cuestiones vinculadas al principio de oportunidad, la querella y la asistencia a la víctima. Cada paso que se dio hacia el nuevo sistema de enjuiciamiento representó un avance en términos de poder. A partir del 10 de febrero de 2014, la implementación será total, definitiva y en toda la provincia.

 

“Se trata de un cambio histórico que contribuye a una mayor calidad institucional porque implica participación, publicidad, agilidad y transparencia”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue órgano de implementación de la reforma desde sus inicios. El nuevo sistema implica diferentes lógicas de pensamiento, rutinas y circuitos de trabajo ya que el modelo acusatorio se basa en audiencias orales a las que pueden acceder todas las partes, los periodistas y la ciudadanía en general.

 

“La víctima de un delito es escuchada, respetada y atendida, deja de tener un papel pasivo y se vuelve partícipe de todo el proceso. Las víctimas reciben asistencia integral e interdisciplinaria, contención, respuesta, y pueden querellar”, agregaron desde el Ministerio.

 

Los jueces ya no se ocuparán de cuestiones administrativas sino que se dedicarán a su función específica: tomar decisiones en el marco de una audiencia. Las tareas administrativas y organizativas estarán a cargo de la Oficina de Gestión Judicial, en manos de especialistas en la materia. Este principio de separación de funciones hace que la Justicia sea más ágil, cercana y eficiente.

 

Otra novedad del nuevo sistema es que contempla la posibilidad de acudir a soluciones alternativas a la pena, tales como los acuerdos reparatorios que pueden lograrse a través de la mediación penal.

 

“De esta manera, la justicia santafesina se pone a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. También significa una reparación histórica, pues pone al día a la provincia en materia procesal penal tras años de atraso, y satisface el anhelo de amplios sectores de la población que luchan por una justicia más accesible, especialmente para los más vulnerables”, concluyeron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.