UN CANDIDATO QUE ARRANCÓ EN TIEMPOS DE LA DICTADURA

La polémica por el convenio entre Jorge Obeid y Carlos Reutemann para designar tres amigos en el Tribunal de Cuentas se reactivó esta semana cuando el diputado Hugo Marcucci solicitó al gobernador que retire los pliegos de la Legislatura y presentó un pedido de informes para indagar sobre uno de los candidatos del acuerdo, Silvio Zuchiatti, propuesto por Lole. Zuchiatti es contador general de la provincia por un decreto de la dictadura: el Nº 1008 el 18 de abril de 1979. Sobrevivió a cuatro “interventores de facto” -como los llama la ley‑: el almirante Jorge Desimoni, el contralmirante Carmelo Luchetta, Roberto Casís y Héctor Salvi y después del 10 de diciembre de 1983, a los gobiernos peronistas José María Vernet, Víctor Reviglio y los dos turnos de Reutemann y Obeid. Pero también es protagonista de una curiosidad histórica. En estos 21 años de democracia, ningún gobierno cumplió el artículo 147 de la ley de Contabilidad que exige acuerdo legislativo para designar “al contador general de la provincia” (sic) y tampoco propuso su derogación. Marcucci discrepa con la teoría oficial de que la norma cayó en desuso y por lo tanto no era necesario someter el ascenso de Zuchiatti -impulsado por militares‑ al voto de la Asamblea Legislativa de la democracia, como ocurrirá ahora si quiere llegar al Tribunal de Cuentas. “El primer responsable es el Poder Ejecutivo que nunca mandó el pliego a la Legislatura, pero si Zuchiatti conocía esto tampoco hizo nada para regularizar su situación. La avaló en silencio”, denunció el legislador de la UCR.

Obeid y Reutemann acordaron cubrir las vacantes del Tribunal de Cuentas a principios de setiembre. El gobernador propuso a dos amigos: Horacio Alessandría ‑para un nuevo mandato de seis años‑ y a la ex diputada Nora Vallejos de Lucca, esposa del ex interventor de la Caja de Jubilaciones, Edgar Lucca. Y ofreció el cargo restante a Reutemann. “Nombrá uno vos”, dicen que le dijo a Lole. Al día siguiente, Obeid recibió un papelito con el nombre de Zuchiatti.

Los candidatos del acuerdo reemplazarán a otros amigos que se van: Osvaldo Pérez Serrano y Hugo Carnevale, que habían llegado de la mano de Julio Gutiérrez -el primero‑ y Jorge Giorgetti -el segundo‑. Aunque en el Tribunal de Cuentas quedan más amigos como Néstor Priotti, que saltó del elenco del hoy ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly.

El diputado Marcucci tuvo que desempolvar un decreto de la dictadura: el Nº 1008, firmado por Desimoni el 18 de abril de 1979, para saber cómo había llegado Zuchiatti a su cargo de contador general de la provincia. “Ese dato no figuraba en la curricula que el gobierno (de Obeid) envió a la Legislatura, junto con el pliego. Decía que era subcontador en 1974 y posteriormente contador general de la provincia, pero sin precisar la fecha. A lo mejor no habrá querido decir que lo ascendieron en proceso militar, pero concretamente fue en 1979”, explicó.

Marcucci -que es contador público‑ se sorprendió por otra rémora legislativa. El artículo 147 de la ley de Contabilidad -previa a la creación del Tribunal de Cuentas‑ exige que el contador general de la provincia, el cargo que ocupa Zuchiatti, sea designado “con acuerdo de la Legislatura”. Confirmó que el artículo está vigente y llegó a una conclusión: desde 1983 hasta ahora, ningún gobierno sometió el ascenso de Zuchiatti al voto de la Asamblea Legislativa ni propuso derogar la norma. “A diferencia de lo que ocurrió con algunos jueces designados durante la dictadura que después fueron ratificados por la democracia, acá no se mandó ningún pliego a las Cámaras”, dijo el legislador. “Acá hay dos cuestiones. El principal responsable es el Poder Ejecutivo que incumplió las normas y no respetó las instituciones. Y en segundo lugar, si el contador general de la provincia conocía esta ilegalidad tampoco hizo nada para regularizar su situación. Y ahora es uno de los aspirantes a cubrir una vocalía en el Tribunal de Cuentas.”, explicó.

El miércoles, Marcucci presentó un pedido de informes al PE para saber por qué nunca se mandó el pliego del contador general de la provincia para someterlo al acuerdo legislativo. “Recuperada la democracia, se podría haber hecho lo mismo que en el caso de los jueces, pero no hay constancias de que eso haya ocurrido. Y de ser así, estaríamos ante una falta grave de quien ostenta el cargo de contador general de la provincia y hoy es candidato a vocal del Tribunal de Cuentas, porque no podría desconocer que ocupó ese puesto durante más de 20 años de manera irregular”.

Al día siguiente, el diputado de la UCR hizo el planteo en el recinto de la Cámara. Pidió preferencia para que su proyecto se trate en la próxima sesión, pero ninguno de sus colegas del PJ se animó al retruque. “Si Zuchiatti hubiera tenido acuerdo legislativo, alguien lo hubiera dicho, pero nadie dijo nada. Evidentemente, puedo afirmar que este trámite no se cumplió”.

‑¿Y cómo explica esta omisión de 21 años?

‑Muestra el desprecio y desapego a las normas y al funcionamiento institucional. El contador Zucchiatti conocía la situación y por lo tanto tendría que haber tomado alguna iniciativa para regularizarla. Por lo menos yo no conozco que lo haya hecho y menos que lo haya transmitido a la Legislatura.

‑¿Cree que la avaló en silencio?

‑Totalmente. El contador general de la provincia conoce muy bien la ley de Contabilidad. Sabe que el artículo 147 que exige el acuerdo legislativo-, dijo Marcucci.

“Acá hay que garantizar un Tribunal de Cuentas independiente del poder político. Mucho más después de las declaraciones del (ex subsecretario de Asuntos Legislativos, Abel) Brunetti y (del diputado nacional del PJ) Pedro González que dijeron que la provincia está floja de papeles. Brunetti dijo que æno resiste una auditoríaÆ (por el supuesto manejo de fondos para las inundaciones de Santa Fe). González dijo que æsiempre hay algún papel que está mal hechoÆ. Entonces, si proponen para el Tribunal de Cuentas a gente ligada al poder político, lo que hacen es confirmar las sospechas de que se tratan de armar un organismo adicto al Poder Ejecutivo, que no tenga ninguna libertad para desarrollar sus tareas en forma independiente. En síntesis, estamos frente a un dilema: nos parecemos cada vez más al Santiago del Estero de los Juárez o avanzamos hacia una provincia con organismos de control independientes”, concluyó.