UN CARGO DUDOSO EN LA CAJA DE SEGURO MUTUAL PROVINCIAL
A veces la maraña de leyes, decretos y demás normativas oficiales es tal que ciertas realidades del ámbito administrativo no pueden ser explicadas con racionalidad. Y en ocasiones simplemente no pueden ser explicadas. Eso es lo que ocurre con la permanencia en sus funciones de la actual representante del Poder Ejecutivo en la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado –popularmente conocida como Caja del Seguro Mutual–, una entidad que administra un fondo de seguros de los empleados públicos por decenas de millones de pesos al año. Es que según una información suministrada a este diario por una fuente de la que se reserva identidad, Silvia De Cesaris –de ella se trata– estaría incurriendo en una inusual irregularidad si se confirma que hace por lo menos cuatro años que ocupa ese cargo sin que su mandato haya sido renovado tras su primera designación en mayo de 1996. Tanto la funcionaria como las más altas autoridades del gobierno provincial niegan que algo esté fuera de la ley, aunque argumentan razones diferentes y contrapuestas. La situación impone una aclaración por parte del gobierno, el directorio de la Caja y la propia funcionaria.
De confirmarse la irregularidad, la Justicia estaría en condiciones de abrir una investigación por una posible transgresión al Código Penal, que en su artículo 246º contempla una pena de “un mes a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo” para el funcionario que “después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas”.
Tras un extenso rastreo por archivos oficiales, consultas a funcionarios, fuentes vinculadas a las organizaciones de pasivos y activos de la provincia, la documentación que Silvia De Cesaris argumenta que le permite estar al frente de la entidad fue imposible de encontrar. Quienes interpretan que la ley no deja lugar a dudas en cuanto a que el mandato de todos los directores es de cuatro años entienden que el ex gobernador Carlos Reutemann debió reemplazar o volver a designar a De Cesaris como representante del Poder Ejecutivo. Pero por alguna razón ese nombramiento no se hizo, a pesar de lo que informó la funcionaria.
La Caja del Seguro Mutual administra dinero de los empleados públicos de Santa Fe; en 2003, concretamente, un presupuesto de alrededor de 80 millones de pesos. La función de la representante del Poder Ejecutivo en la institución es controlar y verificar la correcta utilización de esos fondos.
Silvia De Cesaris fue nombrada por Jorge Obeid como representante del Poder Ejecutivo el 16 de mayo de 1996 a través del decreto 0652. Según la ley 9816 que rige a la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado el mandato de los cinco vocales que integran el directorio “es de cuatro años”.
El Ciudadano consultó a De Cesaris para corroborar si es cierto que hace por lo menos desde el año 2000 que está ocupando un cargo público sin nombramiento, luego de agotado el plazo de su designación original. La funcionaria, que además integra la comisión directiva del sindicato UPCN como otros funcionarios de la Caja del Seguro Mutual, recordó que “fue nombrada en el cargo por Jorge Obeid el 16 de mayo de 1996” y que “una vez terminada la gestión del gobernador presenté mi renuncia al cargo y el entonces gobernador Carlos Reutemann me renovó el mandato, como volvió a hacerlo ahora Obeid”. Cuando se le pidió que informara la fecha y/o el número del instrumento legal que renovó su mandato tras cuatro años en el puesto, sostuvo que no iba “a dar esa información”. Y sugirió a la periodista de este diario: “Ustedes pueden pedir los decretos en Gobierno”.
Pero después de tres semanas de rastrear los documentos oficiales y de innumerables consultas a diferentes fuentes, no se pudieron corroborar las aseveraciones de quien oficia de presidenta y representante del gobierno provincial en la Caja del Seguro Mutual de Santa Fe.
Ante la consulta de El Ciudadano, el ministro coordinador del gabinete provincial, Julio Barberis, pidió a la Secretaría Legal y Técnica que verificara la actual situación de la representación del Poder Ejecutivo en la Caja. El sábado, la información suministrada por la Coordinación de Gabinete es que “no hay ninguna irregularidad” porque “aún tiene vigencia el decreto de mayo de 1996”. Julio Barberis reconoció que el mandato de los vocales es de cuatro años pero argumentó que eso es así “a excepción del representante del Poder Ejecutivo”.
¿Qué dice la ley 9816 de la Caja del Seguro Mutual? Que “estará administrada por un directorio compuesto por cinco (5) miembros titulares. Uno será designado por el Poder Ejecutivo, uno por los afiliados activos y uno por los afiliados pasivos, que surgirán de las circunscripciones judiciales 1, 4 y 5; uno por los activos y otros por los pasivos correspondientes a las circunscripciones 2 y 3” por “voto directo de los afiliados”. En el artículo 49º indica que “los vocales deberán tener cinco años de afiliación a la Caja como mínimo” y “durarán cuatro años en sus funciones”.
Antes, el artículo 47º habla de la prórroga de los mandatos: “Cuando por razones de fuerza mayor no se hubiere realizado la elección de los miembros representantes de los afiliados, el mandato de los actuantes quedará prorrogado hasta tanto se supere el inconveniente de la fuerza mayor”.
Si se presta atención a lo transcripto la prórroga automática es temporal, y sólo para el caso de los vocales o miembros elegidos por voto directo, condición que no encuadra a la representante del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, más conocida como Caja del Seguro Mutual.
“Los decretos no le importan a la gente”
El sindicato UPCN tiene activa participación en el control de la Caja del Seguro Mutual, fruto de la fuerte pulseada que realiza cada vez que los afiliados deben elegir por voto directo a los cuatro integrantes del directorio. Incluso el propio Maguid fue uno de los vocales en representación de los empleados activos de las jurisdicciones del norte provincial. A su vez, el Poder Ejecutivo nombró en 1996 como su representante a Silvia De Cesaris, integrante de la comisión directiva de UPCN y persona de extrema confianza de Maguid.
Ante la posibilidad de que su permanencia en el cargo contradiga aspectos delicados de la legislación actual, este diario la consultó vía telefónica. El diálogo fue el siguiente:
—Queremos confirmar, ante una inquietud que nos hicieron llegar, si es correcto que después de haber sido designada como representante del Poder Ejecutivo en 1996, nunca volvió a ser ratificada ni por la gestión Reutemann ni por la actual.
—A mí me nombró por primera vez Jorge Obeid. Estoy en este lugar desde mayo de 1996. Todo está hecho correctamente. Yo renuncié al cargo cuando terminó mi mandato, fui ratificada por Carlos Reutemann, cuando terminó su gobierno presenté mi renuncia y luego volví a ser designada por Obeid.
—Nos podría decir los números de los decretos de designación posteriores a mayo de 1996.
—Mire, está todo en orden. ¿Por qué preguntan sobre esas cuestiones en cambio de difundir todo lo que aquí se hace de positivo por la gente como la última línea de créditos? A la gente no le importan los decretos, sino que uno trabaje para ella, cumpla con sus horarios y sus funciones. Yo soy una funcionaria que trabaja para la gente y con la gente. Y UPCN se maneja con la gente.
—Entendemos eso, pero ¿nos podría decir los números de decretos correspondientes?
—Yo no le voy a dar esa información. Si ustedes quieren la pueden buscar en Gobernación.
—Además de ser la representante del Poder Ejecutivo en el directorio, ¿usted tiene un cargo jerárquico en planta permanente de la Caja del Seguro Mutual?
—Sí, soy subgerenta del organismo. Pero es un cargo que está vacante porque tengo licencia y obviamente no cobro sueldo por eso.
—¿Nos podría decir cuánto percibe de ingresos?
—No, no voy a decir eso.
—De Cesaris, si está todo claro en los papeles no debería tener problema en darnos los datos de los decretos que le renovaron el mandato…
—No hay nada irregular. Si quieren los decretos, pidánlos en Gobierno. Acá estamos trabajando por la gente y sería muy positivo que nos llamen para difundir los beneficios y las soluciones que le damos.
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