UN CONTRATO PUBLICITARIO INCUMPLIDO COSTÓ 350 MIL PESOS AL ESTADO SANTAFESINO
Un pedido de informes ingresado en el Senado santafesino apunta a develar el misterio en torno a un contrato de publicidad que aunque nunca se cumplió, le costó al Estado provincial casi 350 mil pesos. Se trata de un juicio cuyos orígenes se remontan a 1988 y cuyo pago se concretó el año pasado, pero se enmarca en una controversia de larga data: la provincia jamás gana una partida judicial y, en consecuencia, gran parte del dinero de los contribuyentes se destina a engrosar las arcas de la industria del juicio.
La historia se remonta a 1987 -durante la gobernación de José María Vernet- cuando la ignota empresa FV Publicidad SRL firmó un contrato, tras ganar una licitación pública por una solicitud de Líneas Aéreas Santafesinas y Aeronáutica Provincial, para proveer 29 carteles publicitarios de ruta y ciudad para promocionar la aerolínea. La adjudicación había sido en septiembre, en conformidad con el presupuesto, y la firma se concretó en diciembre. A partir de ese momento todo es un verdadero dislate plagado de oscuros interrogantes.
Por ejemplo, no está claro por qué se estableció en la cláusula 5ª del contrato que al momento de su suscripción Líneas Aéreas Santafesinas debía pagar a FV Publicidad “el equivalente a cuatro veces el importe correspondiente al primer mes de vigencia del contrato”. Por otra parte, tampoco se entiende cómo no se le entregó a la empresa siquiera los bocetos para la ejecución de los mencionados carteles.
Lo cierto es que, ante a la morosidad administrativa, aparece en 1988 el primer reclamo contencioso administrativo. Posteriormente en 1989, surge el pedido de pronto despacho. Mientras la provincia y sus abogados prefieren internarse en la discusión interminable sobre la naturaleza pública o privada de los contratos, los años van pasando hasta que el supremo tribunal termina fallando a favor de la empresa de publicidad.
El pedido de informes presentado por el senador por el departamento San Cristóbal, el radical Felipe Michlig, requiere saber el motivo de la demanda, cuál fue el monto reclamado y el que abonó finalmente la provincia. También requiere saber diversos aspectos del contrato y sus firmantes, y si éste se ejecutó.
También se pide, entre otros detalles, la fecha de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condena a la provincia y si existen otros reclamos de FV Publicidad SRL anteriores a esta demanda.
El 4 de mayo de 1994, la Corte Suprema, con el voto de sus integrantes Ulla, Alvarez, Falistocco, Iribaren y Vigo, decidió hacer lugar a una excepción de incompetencia interpuesta a favor de la empresa. Como detalle significativo, entre quienes suscriben ese fallo está, en calidad de secretaria del alto tribunal, la actual Fiscal de Estado, Irmgard Lepenies. Esta funcionaria, tras ese desempeño en la Corte Suprema, se convirtió en la jefa de los abogados que deben defender los intereses de la provincia.
El 18 de febrero de 2001 se dictó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el 3 de abril del mismo año se aprobó la liquidación judicial por 316.350 pesos correspondientes a capital, intereses y gastos. El 21 de marzo de 2002 la provincia fue intimada al pago de dicha liquidación, a la cual se sumó la regulación de honorarios de los apoderados de la parte actora en 27.180 pesos y el 13% de aportes a cargo de la demandada, lo que hizo ascender el pago de la provincial a 347.064 pesos.
Finalmente, un decreto del 18 de octubre del año pasado firmado por el entonces gobernador Carlos Reutemann autorizó a la Dirección General de Administración de la gobernación el depósito a la orden de la Corte Suprema para los autos FV Publicidad SRL contra Provincia de Santa Fe.
Inexplicable
En este marco, quedan dos grandes interrogantes respecto de este tema que no dejarían de ser aplicables a tantos juicios similares que el Estado paga con el dinero de sus contribuyentes. Debería explicarse alguna vez los términos de un contrato en torno a unos carteles para las líneas aéreas de la provincia que nadie se preocupó por cumplir y menos por pagar. También sería sano que se les explique a los santafesinos cuál es la ventaja de pleitear durante más de 15 años una causa perdida para terminar incrementando largamente la suma de lo que finalmente se debe pagar.
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