UN ESTRICTO SEGUIMIENTO PROMETIDO POR DIPUTADOS

El 19 de junio de 2002 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto para crear una comisión investigadora de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó ocho muertos y cientos de heridos en Rosario. Fue un debate caliente. Pero el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías que votaron los legisladores del PJ comprometió a la Cámara en el “estricto seguimiento” de las causas judiciales, “la plena vigencia de los derechos” de las víctimas y evitar “el mínimo sesgo de impunidad”. Una vieja deuda que la Comisión No Gubernamental que investiga la masacre de diciembre trágico se encargó de recordar esta semana cuando ‑al fin‑ pudo hacerse escuchar en la Legislatura, en el pleno de la Comisión de Derechos y Garantías. “Queremos saber qué hicieron en estos dos años”, dijo el abogado Enrique Font al recordar el compromiso parlamentario de monitorear las causas judiciales.

En diálogo con Rosario/12, Font distinguió los “tres núcleos de problemas” que deberían ocupar a los legisladores:

* “Los eventos del 19 y 20 de diciembre de 2001: la violencia policial, los heridos y las muertes en ese momento”, dijo.

* “La falta de respuesta adecuada del Poder Judicial que para nosotros es una connivencia para garantizar impunidad. Pedimos un control de lo que hacen los jueces y dimos detalles de las irregularidades que hemos denunciado en distintas causas”.

* “La falta de respuesta institucionales. Quizás en algún caso sea difícil identificar al policía que gatilló, pero se sabe quiénes estaban alrededor. Uno de ellos disparó y los otros encubren. Ninguno puede seguir en la institución, deben ser sancionados, investigados, más allá del avance de la causa penal”, explicó el criminólogo.

Según Font, los legisladores deberían indagar la responsabilidad institucional de los funcionarios políticos en la masacre que dejó ocho muertos. “Es una de las cosas que más pedimos que investiguen porque el Poder Judicial no lo hace, no investiga la cadena de mandos y cómo se controlaron las acciones el 19, 20 y 21 de diciembre, los roles en los encubrimientos, la alteración del escenario de los hechos”.

‑¿Pidieron que la Comisión de Derechos y Garantías cite a declarar al ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez?

‑Sí, nos parece correcto que citen a todos los funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad.

‑¿Y qué le contestaron?

‑No hubo respuesta, dijeron qué lo iban a discutir entre ellos. Que les parecía que el tema del debido proceso era competencia de la comisión, que analizarían cómo trabajarán esa cuestión. Pero no hubo ninguna respuesta concreta. Sí me parece que hubo un acuerdo tácito o informal respecto de que les cabía algún tipo de acción para garantizar el debido proceso.

‑¿Qué significa eso?

‑Monitorear cómo se tramitaron las causas, pero siempre con equilibrio y respeto a la independencia del Poder Judicial. Nosotros retrucamos que el Poder Judicial juzga y aplica sanciones penales, pero no investiga. Investigar es averiguar qué pasó y eso es una responsabilidad política‑, afirmó Font.

‑¿Los jueces atomizaron la investigación judicial?

‑Sí. Hubo una fragmentación de causas, incluso con los heridos, con una clara intencionalidad: impedir una investigación adecuada de los eventos y de los responsables, no sólo de los autores materiales directos, sino también de quienes dirigieron las acciones. El rol del Poder Judicial ha sido tan lamentable que no es difícil atacar las falencias que tienen las causas en la provincia: están plagadas de errores, de hechos aparentemente intencionales para desviar las investigaciones, no llevarlas a fondo, indagar policías sin pruebas suficientes, dejar correr los plazos y sobreseerlos. Y ni hablar de las causas que tramitaron los jueces (Juan José) Alarcón en Rosario y (Roberto) Reyes en Santa Fe respecto a la responsabilidad de los funcionarios políticos.