UN FISCAL DENUNCIÓ AL ESTADO URUGUAYO POR LA INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS DE CELULOSA

El fiscal letrado Nacional de 3° Turno del Uruguay Enrique Viana, denunció al Estado de su país ante la Justicia por haber permitido la construcción de las plantas de celulosa Ence y Botnia y reclamó un urgente análisis de investigación por el posible impacto que estas fábricas pudieran tener sobre el medio ambiente.

En sus denucias, Viana antepone demandas civiles contra el Ministerio de Vivienda del Uruguay al que considera responsable de la autorización de la instalación de las pasteras sobre el río homónimo, lo que supondría, según el fiscal, un persistente deterioro para la potabilidad del río.

“Si se instalan las plantas no se va a poder tomar agua de la canilla”, sostuvo Viana en declaraciones a medios uruguayos e insistió que la instalación de las plantas de procesamiento de celulosa no es compatible con lo decidido por el Prebiscito del agua en 2004.

La demanda de Viana se radicó en el Juzgado Civil de Segundo Turno, cuyo titular es el juez Juan Carlos Contarín.

Su pedido solicita que se declare al Estado uruguayo responsable por la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente y que el levantamiento de esas empresas en Fray Bentos son incompatibles con el “Derecho Ambiental de la República Oriental del Uruguay”, tomando en cuenta que el propio Gobierno confesó que no cuenta con medios de control correctos.

Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Viana entiende que el juez Contarín habría prejuzgado en un primer momento la denuncia y que por ese motivo la causa estaba trabada desde las primeras denuncias que datan ya de 2003.

Viana, en la actualidad, optó por un perfil más bajo debido que en los últimos tiempos trascendió en diferentes tribunales uruguayos que podría ser apartado de la causa que él impulsó.

Viana había antepuesto además una medida cautelar de “no innovar” para frenar durante un tiempo -hasta tanto se efectuaran los análisis de impacto sobre el ecosistema- la construcción de las plantas. Sin embargo, Contarín rechazó este planteo y sostuvo que “en modo alguno puede entederse perjudicial”, la actividad de las pasteras.