UN FISCAL PIDIÓ EL JUICIO ORAL PARA CLAUDIA BELLO.

El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy el juicio oral para la ex secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, por irregularidades en la contratación directa de empresas privadas para evitar los supuestos efectos nocivos que iba a causar en los sistemas de computación la llegada del año 2000, el denominado efecto Y2K.

Según fuentes tribunalicias, el fiscal opinó que durante la instrucción del sumario se demostró que la ex funcionaria incurrió en negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos públicos, defraudación al estado nacional e incumplimiento de los deberes inherentes a su función, en tres hechos.

Por los mismos ilícitos, el fiscal también pidió que sean sometidos a juicio oral y público los colaboradores de Bello Angela Riggón, Víctor Cantero, Héctor Burotto y Alejandro Val y el responsable de la firma Lautrec, Roberto Márquez.

Luego de que la Cámara Federal confirmara -hace un año- los procesamientos -con embargo de 2.000.000 de pesos en el caso de Bello- Stornelli sostuvo que “están dadas las condiciones para que se envíen las actuaciones a un tribunal oral”.

“Se encuentra comprobado que Bello y otros miembros del directorio del Instituto Nacional de Administración Pública, teniendo a su cargo la disposición de fondos para la Campaña de Entrenamiento, Prevención, Distribución y Difusión de la Problemática del Año 2000, se interesaron en forma personal en la contratación” para adjudicar las tareas, dijo.

La causa se inició cuando la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante, denunció que los funcionarios del INAP habían realizado convenios para enfrentar los eventuales problemas que produciría el cambio de milenio en los sistemas de computación.

Con Lautrec y por un valor de 7.000.000 de pesos, se acordó la realización de miles de videos, etiquetas, folletos y calcos; con la empresa Filmsuez la producción y emisión de una película de 120 segundos por 450.000 pesos y por un total de 1.240.000 pesos se aprobaron acciones de difusión en medios gráficos, radiales y televisivos.

Los cuestionamientos a Bello se centraron sobre la modalidad empleada para la contratación, la falta de requisitoria de precio testigo y la posterior actividad relativa a la verificación del cumplimiento de los pactado sobre el también denominado “efecto Y2K”.

Sin embargo, la funcionaria justificó la modalidad de la contratación por la necesidad de difundir las previsiones en forma inmediata, la cercanía de la llegada del milenio y la posible incidencia de esta última circunstancia en el sistema tecnológico.

Pero el fiscal, en coincidencia con la Sala II de la Cámara Federal, apuntó que la llegada del año 2000 no era una circunstancia imprevista.

Stornelli recalcó en su pedido de juicio que la SIGEN había estimado un “precio testigo” de 4.965.000 pesos, para los trabajos encomendados por la ex funcionaria.