UN FISCAL PIDIÓ LA REAPERTURA DE LA CAUSA QUINTA DE FUNES

El fiscal federal Francisco Sosa dictaminó a favor de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y le requirió al juez federal Omar DiGerónimo la instrucción penal en la causa Quinta de Funes.

También le pidió al titular del juzgado federal Nº 4 que le requiera a la Cámara Federal de Rosario el envío de la Causa Feced. “Esto significaría en la práctica la reapertura de esta causa, a la que consideramos la madre de todas los expedientes abiertos por violaciones a los derechos humanos en nuestra zona”. De esta forma la abogada Matilde Bruera traducía en hechos concretos la implicancia de la decisión de unos de los fiscales federales rosarinos, cuyas actitudes para con este tema habían sido cuestionados por las organizaciones de derechos humanos.

“Es una noticia excelente”, confesó Bruera recordando que este último capítulo en la lucha se comenzó a escribir “hace 20 días cuando los abogados que patrocinamos a los querellantes en esta causa solicitamos
que se comenzara la causa penal con efectos plenos, a partir de la última ley del Congreso nacional que resolvió la anulación de las leyes de impunidad”. Y agregó que “es realmente algo por lo que tanto los familiares de las víctimas como los organismo de derechos humanos como todos los abogados que venimos trabajando desde hace mucho por lo que hoy tenemos una gran satisfacción ya que por fin Rosario comienza a transitar un camino más serio en relación a la investigación de estos hechos que son centrales para avanzar en un sentido de verdadera justicia”.

La letrada, que forma parte del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, explicó que “en general en todas las causas cuando hay un dictamen fiscal favorable, se le pide al juez que abra una instrucción penal, quien para negarse debe tener argumentos en contra”. En este caso y más teniendo en cuenta que el dictamen de Sosa se basa en uno similar redactado por el Procurador General de la Nación Nicolás Becerra, los argumentos del magistrada debieran ser muchos más solidos al momento de rebatirlos. Algo que en rigor ayer se descartaba en el propio juzgado.

La decisión del fiscal implica que “se declaran nulas las leyes de impunidad, y como la causa Feced estaba archivada como consecuencia de estas leyes se deja sin efecto su archivo y se sigue tramitando. Asi teóricamente tendrían que citar a prestar nueva indagatoria a todos los imputados, y el paso siguiente sería decidir sobre su libertad”.

Ahora las especulaciones se dirigen hacia la actitud que podrá adoptar el juez Omar Di Gerónimo, que este diario pudo confirmar “la positiva predisposición” del magistrado para reabrir la Causa Feced.

En diálogo con Rosario/12 el fiscal Sosa explicó que el fundamento de su dictamen de inconstitucionalidad de ambas leyes “es un dictamen del Procurador Nicolás Becerra, y seria lastimoso que yo lo parcializara” , por lo cual se comprometió a entregar una copia hoy en su despacho de bulevar Oroño al 900.

Basado en ese dictamen que el propio Sosa calificó de “ejemplar, le requerí al juez la instrucción de la causa Quinta de Funes porque entiendo que hay suficientes elementos para dictar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que al caerse permitirán investigar las denuncias que ha presentado la querella en esta causa”.

Finalmente consultado sobre la actitud que podría adoptar Di Gerónimo ante su pedido arriesgó en forma positiva. “Creo que los argumentos son muy concluyentes”, sentenció el fiscal federal.

En rigor estrictamente la reapertura se indica para el expediente iniciado por el hijo y la esposa de Eduardo Toniolli, el “Cabezón”, es decir el joven dirigente de HIJOS que lleva su mismo nombre y la legisladora del ARI Alicia Gutiérrez, que fueron acompañados por Cecilia Nazabal, como esposa de Fernando Dussex.

En este punto Matilde Bruera aclaró que “la causa que se pide reabrir es Quinta de Funes, pero ya está preparada la Causa de Daniel Gorosito, entre otras, donde hay muchas pruebas que vamos a presentar en los próximos días”, según adelantó la abogada.

Con respecto al juez que a todas luces debe se el quien instruya las causas penales contra los represores locales cabe recordar que ya ha sido designado como magistrado del Tribunal Oral Nº 2 aunque aún no juró en este cargo. Este estrado juzga las causas instruídas por los juzgados de primera instancia. Ayer fuentes tribunalicias confiaban que esto no se produciría antes de un mes y medio o dos, con lo cual todo hace prever que sera DiGerónimo quien tome al menos las primeras declaraciones a militares retirados, en actividad y hasta los miembros de la tan conocida como repudiada “patota de Feced”.