UN JUEZ ORDENÓ PONER MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES ROSARINAS

Así, el juez de primera Nominación, Jorge Scavone, le ordenó al gobierno provincial intensificar el control policial en las calles de Rosario.

El magistrado hizo lugar ayer a un recurso interpuesto por un ciudadano que había promovido una demanda contra el Estado provincial con el objetivo de que se brindara mayor seguridad a la población, incrementando la presencia y patrullaje en la vía pública “para una mejor y efectiva prevención” en el combate del delito.

El fallo también obliga al Ejecutivo a entregar en el plazo de 90 días un informe especificando las políticas que instrumenta en materia de seguridad.

Amparándose en los derechos reconocidos por la Constitución nacional y provincial, y haciendo suyo un reclamo popular constante, Hugo Peralta, un ciudadano jubilado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) preocupado por la creciente ola de delitos que se registra a diario, se presentó en mayo de 2005 en los Tribunales locales y promovió una demanda contra el gobierno bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos.

Al expediente se agregaron pruebas. Además de los hechos de público conocimiento que dan cuenta a diario las crónicas periodísticas, Peralta anexó registros de distintos organismos, como la Secretaría de Salud Pública Municipal, emergencias médicas privadas (cobertura de heridos por hechos de violencia), y la Secretaría de Servicios Públicos, para dejar constancia de la disminución de la frecuencia de transporte de pasajeros en barrios donde no pueden ingresar porque se exponen a diferentes desmanes.

Entre sus argumentos, el demandante menciona que son “públicos y notorios los graves hechos delictivos de distinta naturaleza que aquejan a la ciudad, resultando la población, servicios de sanidad y transporte, inseguros y desprotegidos por dicha circunstancia”.

“Es importante que la Justicia dé esta clase de respuestas”, refirió la abogada de Peralta, Marisa Malvestitti, al tiempo que cargó contra la gestión oficial en materia de seguridad. “En general se aplican parches, pero no hay una solución de fondo”, indicó.

En el fallo, en tanto, la provincia dejó en claro su posición. Negó las acusaciones y rechazó los hechos expuestos por Peralta, afirmando que “cumple con sus deberes funcionales relativos a la seguridad y defensa de la vida y bienes de las personas”. Citó el Plan de Seguridad provincial para el período 2004/2007, las reformas operativas de la policía y el plan de Justicia que contempla la puesta en funcionamiento de los juzgados penales faltantes.

También hizo hincapié en el aumento del parque automotor destinado a patrullaje, las reformas edilicias y provisión de elementos al personal. Además, dejó en claro que “los índices de delincuencia son menores en este distrito que en el resto del país”.

En los fundamentos del fallo, Scavone remarcó que aun cuando la provincia ponga de manifiesto sus proyectos y la modificación de las estructuras, “no se puede hacer oídos sordos a este recurso, que en esencia es el clamor, opinión y pensamiento de toda la sociedad, cual es la inseguridad reinante”.

Para el magistrado lo bueno y bien intencionado, referido a la seguridad de las personas resulta “escaso”. La resolución ordena al gobierno provincial a que “en el término de 90 días acompañe un informe del accionar en materia de seguridad, mientras incrementa la presencia y patrullaje policial en la vía pública, necesarios a los efectos de una mejor prevención y combate del delito al que se ve sometido esta ciudad en todas sus zonas”.