UN JUEZ PIDIÓ EL DESAFUERO DE DOS FISCALES Y SE ABRIÓ UNA POLÉMICA

El juez federal que investiga la toma de la comisaría 24ª, Jorge Urso, pidió ayer el juicio político de dos fiscales nacionales, Norberto Quantin y José María Campagnoli. Urso pretende que les quiten los fueros para que, si ambos insisten en no presentarse a declarar en su juzgado, pueda hacerlos comparecer por la fuerza pública.

Quantin y Campagnoli eran las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad el 25 de junio pasado, cuando piqueteros oficialistas liderados por Luis D’Elía coparon la seccional. Urso quiere interrogarlos porque cree que los dos funcionarios desobedecieron una orden judicial para desalojar la comisaría como fuere.

La decisión de Urso puede generar polémica: se opone a una resolución adoptada el jueves último por la Cámara del Crimen porteña. Haciendo lugar a un hábeas corpus presentado por Campagnoli, la Sala I de este cuerpo —Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Carlos Elbert— le ordenó a Urso que deje sin efecto su amenaza de detener al fiscal. El juez federal —de todos modos— hizo trascender ayer que no le prestará atención a ese pronunciamiento (ver Alcances…).

Tanto Quantin como Campagnoli fueron llamados a indagatoria hace más de un mes; desde entonces, vienen haciendo distintos planteos para aplazar este trámite. Urso considera que, en realidad, esto “desnuda su empeño por mantenerse al margen del proceso”. Ayer, mediante una breve resolución, le solicitó al jefe de todos los fiscales nacionales, Esteban Righi, que dé inicio al juicio político correspondiente.

El procurador Righi no opinó sobre el asunto. Y posiblemente no le haga falta: el Jury que debería ocuparse de los procesos de desafuero de fiscales y defensores oficiales nunca entró en funciones. Lo que podría suceder, si esta situación se mantiene, es que los fiscales Quantin y Campagnoli sigan sin aceptar ser indagados y que nadie les quite los fueros, como aspira Urso.

Ex secretario de Seguridad de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia, Quantin es uno de los fiscales generales ante la Cámara del Crimen; ocupa ese cargo desde hace veinte años y tiene en la Justicia tantos amigos como enemigos. Campagnoli, titular de la fiscalía de distrito de La Boca, es uno de sus hombres de confianza.

“Quantin no está obstaculizando el proceso. No sólo la resolución de la Cámara torna ilícita la amenaza de Urso, sino que en todo el expediente no hay un solo renglón que describa una conducta que se le pueda imputar a mi cliente”, aseguró el ex fiscal Maximiliano Rusconi, defensor de Quantin. Allegados a Campagnoli, a su vez, insistieron en que es “improcedente” el nuevo llamado a indagatoria.

Otro imputado en la causa es D’Elía. Lo acusan de delitos más graves: once en total, desde robo y lesiones hasta resistencia a la autoridad e incitación a la violencia. Como también tiene fueros, por ser diputado provincial, Urso solicitó su desafuero a la Legislatura bonaerense. Y ahí podría producirse otra traba: hay una fila de 50 legisladores esperando por pedidos similares.

Después de decir que iba a renunciar a sus fueros por su cuenta, cosa que ni siquiera prevé la ley, D’Elía prometió ayer en una entrevista radial que renunciará directamente a su cargo. Eso —razonó— le quitaría definitivamente la inmunidad de arresto. Sin embargo, el piquetero oficialista esta vez supeditó su decisión a que la Cámara Federal —tribunal superior de Urso— ratifique el llamado a indagatoria en su contra.

D’Elía encabezó la toma de la comisaría acusando a su titular, Cayetano Greco, el único efectivamente indagado de esta causa, de proteger al asesino de un dirigente de su movimiento.