UN MILLÓN DE JUBILADOS PODRÍA DEMANDAR AL ESTADO POR DEUDAS

Un millón de jubilados podría iniciarle demandas al Estado pidiendo la actualización de sus jubilaciones por una cifra cercana a los 9.500 millones de pesos como consecuencia del criterio puramente fiscalista del Estado nacional. Ésa es la conclusión a la que arriba en su informe semanal el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

“El último aumento dispuesto por el gobierno para los haberes previsionales profundiza la política que se viene aplicando con posterioridad a la crisis de 2002. Salvo para quienes cobran el haber mínimo, los aumentos nominales sobre los haberes previsionales van por debajo de lo que crecen los salarios. De esta manera, durante el 2006 se producirá una nueva licuación de haberes para este segmento de la clase pasiva que se suma a los acumulados en años anteriores”, dice en en el informe.

Para Idesa, “la lógica de concentrar el grueso de los aumentos sobre el haber mínimo manteniendo el retraso en los haberes superiores garantiza un aporte muy importante a favor del superávit fiscal. Sin embargo, se trata sólo de un registro de `caja’. Como la movilidad de los haberes es un precepto protegido por la Constitución Nacional, el Estado está contrayendo deudas -forzadas y no registradas- con los jubilados”.

De acuerdo con los cálculos estimados sobre la base de cifras oficiales de la Anses, trazan el siguiente cuadro de situación:

-Habría unos 170.000 jubilados que en el 2001 cobraban más de $ 1.000 con quienes se ha generado una deuda de aproximadamente $ 28.000 en promedio con cada uno.

-Habría otros 860.000 jubilados que cobraban entre $ 300 y $ 1.000 con quienes se ha generado una deuda de aproximadamente $ 5.500 en promedio con cada uno.

-Esto implica que la Anses habría generado entre el 2001 y el 2006 deudas con 1 millón de jubilados por un monto total del orden de los $9.500 millones.

Criterio fiscalista
De acuerdo con las conclusiones del informe, “este stock de deuda acumulado induce a iniciar juicios previsionales como única vía de defensa ante la arbitrariedad del Estado. Mientras más alto sea el haber y más tiempo transcurra, mayor es la deuda y más incentivos existen para acudir a la Justicia, sobre todo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la historia y la jurisprudencia, todos estos juicios serán fallados en contra del Estado”.

Y sigue: “Más aún, como el aumento fue de apenas el 11 %, cuando los salarios formales crecen casi al doble, la deuda se sigue incrementando. Se puede estimar que, a partir de junio, que es cuando se aplican los ajustes anunciados, la deuda por insuficiencia de la movilidad previsional seguirá creciendo a razón de $ 400 millones mensuales. Es decir, un monto anual asimilable a la mitad del superávit primario.

“Para la `City’ alcanza con que las cuentas del sector público sigan mostrando holgura a nivel `de caja’, suponiendo implícitamente que las deudas no registradas que está asumiendo el Estado no afectan el corto plazo. Más aún, en la medida en que la Anses aumenta las trabas administrativas para procesar los reclamos previsionales, los números de la Secretaría de Hacienda seguirán siendo alentadores porque este gasto previsional seguirá oculto”.

¿Otra crisis previsional?
“Parecería que el modelo subyacente en la política oficial es que el régimen previsional público tienda a especializarse en garantizar una prestación universal, básica y homogénea, y que las AFJP brinden un suplemento a esta prestación para los trabajadores con mayor capacidad de ahorro. Al menos esto sugiere el hecho de los jubilados que cobran el mínimo ya son el 70% del total (sin importar el esfuerzo realizado durante su vida activa) y que a través de la moratoria gente con pocos o ningún aporte tiene la posibilidad de `simular” haber sido un trabajador autónomo y acceder a idéntico beneficio. Conceptualmente, dividir de esta manera roles entre la Anses y las AFJP es correcto, pero demanda una muy cuidadosa instrumentación que, hasta ahora, esta ausente.

Muy por el contrario, las medidas que ha tomado el gobierno van camino a una nueva crisis previsional con secuelas fiscales importantes. En la medida que las trabas administrativas de la Anses sean eficaces para contener los reclamos de los jubilados, más largo será el período de gestación y más grave la crisis posterior, porque la deuda acumulada será mayor. En el medio se esta plasmando una nueva estafa a un millón de jubilados con quienes el Estado asumió un compromiso que no cumplió; una gran rentabilidad para los gestores previsionales que tengan contactos “aceitados” dentro de la Anses y la justicia, y una inagotable fuente de oportunidades de corrupción”.