UN NUEVO CONFLICTO CON LOS COLEGIOS PRIVADOS

Una nueva polémica se abre en torno a los colegios privados, cuyos docentes no perciben el aumento otorgado desde hace dos años por el Poder Ejecutivo Nacional para todos los trabajadores del ámbito privado.

Ahora, y después de resolverse varios fallos en la Justicia a favor de los docentes, la patronal debería dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución 175/02, del Ministerio de Trabajo, que incluye a los docentes en el aumento al sector privado.

Sin embargo, en la última revista del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), el padre Hugo Salaberry, presidente del organismo, advirtió que de aplicarse esta resolución se estaría “condenando a muerte” a más de 2.000 institutos. “Ni el Ministerio de Trabajo ni el gremio conocen a qué abismo empujan al subsistema”, sostiene el texto.

En la provincia hay 765 colegios privados de todos los niveles -confesionales y laicos- que emplean a 25.659 docentes.

El conflicto viene de arrastre, y con recursos de amparo interpuestos por el gremio Sadop, que a nivel local pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

Hubo una audiencia de conciliación en junio, donde la patronal expuso un planteo de incompetencia de esa Secretaría para actuar tanto a nivel de exigencia del pago como para entender en la discusión con la parte gremial.

EL ARGUMENTO
Paso seguido, la cartera laboral envió múltiples citaciones a los colegios privados para presentarse en el organismo en forma individual. Algunos de ellos, de carácter confesional, concurrieron esta mañana, pero “no se pudo avanzar en las audiencias” porque “cada titular (de los distintos colegios) hizo el mismo planteo de incompetencia”, indicó a El Litoral el Dr. José María Gatto, abogado conciliador por la cartera de Trabajo.

El argumento que esgrime la patronal privada es que “existe un Consejo Gremial (de la Enseñanza Privada a nivel nacional) que es el órgano competente para entender en la cuestión y no la Secretaría de Trabajo”. Gatto agregó que una nota defendiendo ese mismo planteo fue presentada “por los distintos arzobispos en su carácter de titulares de los establecimientos educativos confesionales”.

Ahora, le corresponderá resolver a la propia Secretaría de Trabajo de la provincia si es conducente el planteo de incompetencia.