UN NUEVO ORGANISMO CONTROLARÁ EL GASTO PÚBLICO EN LAS PROVINCIAS

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, pondrá en marcha hoy el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que controlará los límites al gasto y al endeudamiento provincial, y autorizará a su vez los programas de financiamiento para cada distrito.

El anuncio se formalizará después del mediodía en el Palacio de Hacienda, luego de un encuentro entre Lavagna y funcionarios de los 16 distritos adheridos a la norma, que fue aprobada el año pasado como parte del acuerdo entonces vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre otros límites, la ley de responsabilidad fiscal establece que el gasto corriente -que incluye salarios y servicios públicos- no podrá superar la tasa de aumento del PBI nacional, y que las provincias no podrán emitir nuevas cuasimonedas.

También prohíbe que lo recaudado por la venta de activos se destine a gastos corrientes, y obliga a los gobiernos a presentar a las legislaturas proyectos de presupuesto trienales que incluyan la proyección de la coparticipación de impuestos a municipios y la programación de las operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales.

Hasta el momento, los distritos cuyas legislaturas decidieron su adhesión a la ley de responsabilidad fiscal son Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires.

La puesta en marcha del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que estará integrado por ocho representantes de las provincias más grandes y uno de la Nación, requería un mínimo de 12 adhesiones, número que se superó con holgura. El consejo contará con la potestad de sancionar a los distritos que no la cumplan.

Asimismo, las provincias que hayan adherido a la norma podrán acceder al Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), que avalará la asistencia financiera por parte del gobierno nacional a las provincias que presenten algún desfasaje en sus cuentas públicas.

El auxilio financiero llegará a través de la firma de convenios bilaterales entre las provincias y la Nación, que comenzarán a suscribirse a partir del mes que viene.

El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, se mostró optimista respecto a la rúbrica de nuevos acuerdos bilaterales en el corto plazo.

El funcionario indicó que la Nación “dará préstamos únicamente a las provincias donde nos pongamos de acuerdo en que realmente existe un problema financiero transitorio y que hay una política por parte de la provincia de ir corrigiendo en el tiempo, para que en el futuro no aparezca esa necesidad que tienen hoy”.

La ley de responsabilidad fiscal también contempla un mecanismo de difusión de las cuentas de las provincias, que deberán informar al público sobre sus previsiones presupuestarias, su nivel de endeudamiento y los vencimientos de esa deuda.

Por otro lado, si las gobernaciones deciden bajar impuestos deberán justificar el aumento del recurso que la compense y cuando la deuda supere el 15% de su PBI, tendrán que lograr un nivel de superávit que garantice la reducción de su endeudamiento y no podrán tomar nuevos préstamos.

Las sanciones previstas para aquellas provincias que no cumplan la ley se concentrarán en restricciones en la adjudicación de nuevos beneficios impositivos nacionales y limitaciones para el otorgamiento de avales y garantías por parte del gobierno nacional.

Las 16 provincias que ya adhirieron a la ley de Responsabilidad Fiscal enviarán a Buenos Aires a sus ministros de Economía para exhibir ante la Nación las mejoras en sus cuentas públicas, que en varios casos pasaron de los números rojos al superávit primario en los últimos dos años.