UN PENAL EN REBELIÓN Y 200 PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE

La crisis carcelaria tuvo una nueva implosión ayer por la tarde al desatarse un amotinamiento de los presos alojados en la comisaría 24ª, de Granadero Baigorria. Un malestar que se expresa, además, en las huelgas de hambre que más de doscientos detenidos mantienen en cinco penales policiales de la ciudad.

Esta nueva saga del colapso carcelario comenzó a tomar forma el lunes, cuando los reclusos de la seccional 15ª, en barrio Tiro Suizo, se negaron a recibir alimentos, en reclamo de mejores condiciones de detención. Esa actitud se extendió hacia las comisarías 18ª, 16ª, 4ª y sub 19ª. Dentro de las reivindicaciones exigidas, se planteó la necesidad de que se atienda la salud de los reclusos –sobre todo, los enfermos infectados con VIH–, que se aceleren las causas judiciales, se modifiquen las condiciones de detención, cese el maltrato a familiares que asisten a los penales en calidad de visita y se mejore la calidad de la alimentación que se brinda a nivel oficial.

Según revelaron ayer integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), el jueves por la noche habían advertido a las autoridades de la comisaría 24ª que existía “un clima de tensión similar a un preamotinamiento”. Hace dos semanas, familiares de detenidos de ese penal –donde hasta ayer había alojados 31 presos en espacio óptimo para sólo 15– se presentaron ante el juez Carlos Carbone para elevar un pedido de hábeas corpus.

Ese penal ha sido escenario en los últimos meses de unas tres fugas masivas de presos.

De acuerdo a la información que aportó Lilian Echegoy, de la CTC, en esa oportunidad los reclusos se quejaron por “maltratos durante el horario de visita a los familiares y falta de atención médica”. La militante también remarcó que un grupo de reos la llamó anteanoche porque “temía represalias” como consecuencia de las denuncias realizadas ante la Justicia.

El mismo jueves y por propia iniciativa del jefe de Orden Público, Ricardo Ruiz, se dispuso una revisación médica de los detenidos alojados en la comisaría 24ª, acción que comenzó a concretarse a las 16.30 de ayer. En momentos en que los presos eran desplazados en pareja desde el penal hacia la habitación donde funcionaba el consultorio, dos de los detenidos aprovecharon el cruce por un patio interno e intentaron ganar una de las puertas de salida del lugar. De acuerdo a una fuente del penal, uno de ellos “le pegó un trompis” a uno de los guardias para “zafar” de la custodia e intentar salir a otro patio.

“En realidad no se trató de un intento de fuga sino de una llamada de atención poco ortodoxa ya que, desde hacía tiempo, estas dos personas exigían ser trasladas a otra comisaría”, apuntó una fuente policial. Al cierre de esta edición, las autoridades habían procedido a trasladar a tres de los alojados en la 24ª, quienes días atrás habían solicitado esa medida que concluyó en la protesta de ayer.
Se niegan a recibir alimentos

Otra protesta, aunque de características diferentes, estalló en la comisaría 15ª –que cuenta con 53 reclusos– donde varios detenidos se negaron el lunes a recibir alimentos por vía oficial. Luego, la medida se difundió a otros penales como el de la 18ª (San Francisquito), con la misma cantidad de alojados, la 16ª (Tablada), con 49; la 4ª (República de la Sexta), con 29 y la subcomisaría 19ª (Las Flores), con 25 presos.

Si bien las autoridades quisieron desvincular la relación entre la revuelta y la huelga de hambre, es evidente que todo refiere a la crisis carcelaria. De acuerdo a los datos oficiales hay alrededor de 1.100 presos alojados en penales que se emplazan en las distintas seccionales, y de acuerdo a los militantes del la CTC, “el 90 por ciento del total corresponde a detenidos ya procesados”.

Según denunciaron desde la CTC, “los jueces no visitan los lugares de detención y tienen una gran acumulación de causas; lo cual indica la lentitud de los trámites y la consecuente zozobra para los detenidos en comisarías ya que un 90% está sin condena”.