UN PERIODISTA Y UN ABOGADO PRESOS POR EXTORSIÓN.

Un abogado y una periodista fueron detenidos ayer a la tarde, en la peatonal Córdoba, a poco de cobrar 10.000 pesos al letrado a quien venían extorsionando en las últimas semanas con la exigencia de dinero para cesar con la publicación de artículos en un periódico sanlorencino con los que difamaban a su estudio jurídico y a uno de sus clientes, titular de una cooperativa cerealera de Puerto San Martín, informaron fuentes de la investigación.

De acuerdo a una de las versiones recogidas por este diario, el origen del chantaje surgió cuando uno de los anunciantes del periódico Cooperativas y cooperativismo, de circulación en San Lorenzo y alrededores, decidió dejar de comprar ese espacio publicitario. Era el abogado Germán Candini, quien habría resuelto retirar el anuncio de su estudio jurídico por disentir con el contenido de dicha publicación.

Al parecer, con la partida del anunciante, empezaron a aparecer en cada edición notas difamantes contra Candini y contra el presidente de la Cooperativa de Puerto San Martín, Hermes Juárez. Según la fuente consultada, hubo artículos que involucraban a ambos en maniobras delictivas.

A mediados de mayo, Candini se presentó ante la jueza de instrucción en turno, Alejandra Rodenas, y denunció que su colega Guillermo Strazza y la periodista Nancy Rebollo le habían solicitado “una camioneta Fiat Fiorino o algún vehículo” en nombre de la responsable de Cooperativas y cooperativismo para interrumpir la serie de informes en su contra. Según trascendió, el vehículo reclamado iba a ser asignado a la distribución de los ejemplares de la publicación.

Un vocero de la pesquisa ubicó a Strazza en el papel de representante legal de la periodista; pero en Tribunales lo vincularon directamente a la propiedad del periódico.

La magistrada encomendó a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) la tarea de probar la veracidad de la gravísima denuncia. Y los detectives de este organismo policial entrevistaron a Candini y le instruyeron que acordara nuevos encuentros con su colega, para los cuales asistiría provisto de un micrófono inalámbrico oculto entre sus ropas que transmitiría el diálogo a una grabadora. Las conversaciones entre Strazza y Rebollo con Candini habrán corroborado el contenido de la denuncia porque la jueza Rodenas decidió avanzar con la investigación.
Candini hizo su parte y se mostró dispuesto a pagar el chantaje, aunque alterando la moneda de cambio: dinero en lugar de una camioneta. Primero exigieron 40.000 pesos, y luego acordaron tres entregas sucesivas de 10.000 pesos cada una. Todo eso quedó registrado por las grabaciones de las TOE.

Finalmente, la primera entrega del dinero quedó convenida para ayer a las 2 de la tarde, en el estudio que Candini posee en el cuarto piso de Córdoba 1330. Allí arribó la responsable del periódico –Rebollo–, una periodista de 28 años domiciliada en Fray Luis Beltrán, junto con su abogado, Strazza, de 51.

Poco antes del encuentro, los agentes de las TOE habían marcado cada uno de los billetes que Candini entregaría a sus extorsionadores, para utilizarlos luego como vital elemento de prueba. También instalaron en la oficina del letrado una videocámara oculta para grabar con audio e imagen la posible consumación del delito.

La reunión no fue tan breve. Además de recibir el dinero, Strazza y Rebollo accedieron a firmar un acta de compromiso en el que ellos reconocen que las notas publicadas no se correspondieron con la verdad, detalló un investigador. En el seno de la pesquisa califican este documento como “una sorprendente ingenuidad” por parte de los imputados.

Al término de la cita, Strazza y Rebollo salieron del edificio hacia la peatonal, donde los esperaba una comisión de las TOE y los ocasionales testigos de rigor. Ambos fueron detenidos. Los policías les secuestraron los 10 mil pesos marcados y una copia del documento suscripto.

Los arrestados fueron conducidos a la sede de las TOE, en Rouillón al 1900, donde quedaron incomunicados y a la espera de que la jueza Rodenas los indague el lunes. Los compromete el artículo 169 del Código de Penal, que encuadra el delito de extorsión, punible con una condena de 3 a 8 años de prisión.