Un procedimiento de Bonadio tiene en vilo a funcionarios de De Vido

El juez federal pidió información del millonario negocio de la importación de gas natural licuado; pidió copia de los correos electrónicos de Roberto Baratta de 2008 a 2012.

Se desataron los nervios en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen. No es para menos, funcionarios de la Policía Metropolitana hace 10 días que hacen una copia del correo electrónico de Roberto Baratta, uno de los laderos del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Todo empezó hace poco menos de dos semanas cuando el Juez Federal Claudio Bonadio se presentó en el ministerio en las oficinas del funcionario investigado, actual Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio.

El magistrado llegó con una orden de presentación con allanamiento en subsidio, un sistema mediante el que los oficiales están autorizados a allanar el lugar si no se le entrega la documentación requerida.

La medida se había dictado en una causa en la que se investiga la millonaria importación de gas natural licuado (GNL). Desde entonces, los nervios ganaron los pasillos de las oficinas de la planificación y la obra pública argentina.

Bonadio se presentó acompañado por la policía Metropolitana y se concentró en dos cosas. Por un lado, pidió y se llevó documental de la operatoria. Por el otro, ordenó que se haga un backup del correo electrónico de Baratta desde 2008 hasta 2012. “No sólo Baratta está nervioso por el asunto. Hay varios más que temen al contenido de los mails.” La preocupación tiene sus fundamentos: desde que llegan barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, el negocio que por esas oficinas pasó no es menor a los 20.000 millones de dólares.

Desde el Ministerio le restaron relevancia al asunto. “¿Cuáles son los apuros y las urgencias? -preguntó a LA NACION un funcionario del entorno de De Vido-. Estamos a disposición de la Justicia, como siempre”.

El juez encomendó nuevamente la tarea a la policía porteña, al igual que lo que hizo a mediados de julio pasado cuando, en Río Gallegos, allanó las oficinas de la inmobiliaria de Máximo Kirchner por la causa Hotesur en la que se investiga lavado de dinero.

Fuentes con acceso a la investigación confirmaron que el magistrado ordenó una copia de toda la bandeja de entrada y la de salida, además de un backup de los mails enviados y recibidos por el funcionario desde 2008 y hasta 2012. Los agentes de la división Cibercrimen de la Policía Metropolitana buscan con la medida llegar a la confirmación de la operación de compra de GNL, ya que esta última parte del contrato se perfecciona por correo electrónico. “Es normal que esté Cibercrimen, ellos saben de sistemas”, dijeron en el ministerio.

Tal es el tamaño de la base de datos que busca el juez que aún no terminó la copia y hasta aventuran que llevará, al menos, hasta fines de la semana que viene. En el juzgado federal, además, ya analizan la prueba documental que también se llevaron los funcionarios policiales en el procedimiento.

La compra de GNL se realizó desde las oficinas de Baratta desde 2008 hasta 2012, cuando la contratación quedó en manos de la estatizada YPF. Los contratos, si bien se negociaban desde el Ministerio de Planificación, eran cancelados por Enarsa, la petrolera estatal creada por Néstor Kirchner en 2006 que jamás tuvo un barril de petróleo en su activo.

Esta causa se inició hace poco más de un año con una presentación de los diputados de Pro Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich. En una entrevista en LA NACION el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi dijo que ya no operaba más en el sector -era intermediario de la empresa española Gas Natural Fenosa en su venta de combustible a la Argentina-, ya que los nuevos contratos que se firmaban con YPF no eran transparentes. La petrolera con mayoría societaria estatal no estuvo feliz a la hora de contestar las acusaciones de Dromi. “YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas (…) con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país”, fueron sus palabras mediante un comunicado. De aquel entredicho por los medios surgió la causa que tiene en vilo a Baratta y a De Vido.

Éste no es el primer allanamiento que hace Bonadio. Poco después de regresar de Río Gallegos, también fue a las oficinas de Planificación Federal. Esa jornada también se dio una vuelta por YPF y Enarsa. Sin embargo, es el primero en el que ordenó llevar prueba electrónica.

El inicio del “negocio”

En aquel 2008 de emergencia energética, el Gobierno compró, siempre a través de Enarsa, siete barcos en los meses de mayo (1), junio (3), julio (2) y agosto (1). Fue una manera de inyectar gas nuevo en un sistema que tenía una sobre demanda en invierno. Pero esa emergencia de pocos meses se tornó una necesidad con el paso del tiempo.

En 2009 ya fueron 13 los buques que descargaron gas en Bahía Blanca, 11 procedentes de Trinidad y Tobago y dos de Egipto. En 2010 la demanda de gas creció y fueron 25 los buques que se necesitaron, ya no sólo para pasar el invierno, sino que, menos en enero, para pasar todos los meses. En 2011 amarraron 78, y en 2012, 80 embarcaciones. En los últimos años, son alrededor de 100 cargamentos. El promedio de cada barco es, de acuerdo con la capacidad, de 45 millones de dólares cada uno, a lo que hay que sumar los gastos portuarios, que en épocas de Enarsa llegaron a entre 420.000 y 550.000 dólares. Además, hay que calcular que cada regasificador que está amarrado en Bahía Blanca y Escobar genera una factura diaria por el alquiler de alrededor de US$ 85.000 cada uno.

Sospechas en la compra de GNL

Claudio Bonadio

Juez federal

Por segunda vez en dos meses se presentó en el Ministerio de Planificación Federal a buscar documentación sobre la importación de GNL. Esta vez pidió correos electrónicos

Roberto Baratta

Subsec. de Coordinación

Fue durante gran parte del kirchnerismo el encargado de administrar los cortes de energía y el encargado, junto con Julio De Vido, de gestionar las compras de combustibles al exterior.

 

Fuente: La Nación Digital