Un proyecto para instaurar los juicios por jurado

El diputado provincial, Leandro Busatto, impulsa un proyecto para instaurar en esta provincia el sistema de juicios por jurados populares para “delitos contra la vida y todo lo que atente contra la integridad de las personas”.

Leandro Busatto (LT10)

“La idea es que en algunos delitos calcificados como graves, en caso contra la integridad sexual, física o la vida, la sociedad participe en el proceso de juzgamiento, integrando jurados”, comenzó explicando el legislador del Frente para la Victoria, quien agregó que “queremos que el sistema penal gire sobre la base de la participación de la sociedad con la posibilidad de que las personas con una carga pública puedan integrar jurados”.

En esa línea agregó que “la participación tiene que ser por sorteo público, en la Lotería provincial, lo prevemos como una carga pública de la que una persona puede excusarse con determinados requisitos, y creemos que el fallo queda firme cuando una persona es juzgada por un jurado”.

En ese sentido, indicó que “la sentencia será del jurado y luego habrá una participación del juez para argumentar lo que decidió el jurado”.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Capital, la provincia estaría en sintonía con esta idea y presentaría un proyecto durante el año en curso. El ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo a este diario (La Capital) que este año el gobierno remitirá un proyecto de ley para que doce representantes de la ciudadanía se sienten a pronunciar los veredictos en delitos de gravedad o importante conmoción pública. Los partidos con representación legislativa están de acuerdo y hubo tres iniciativas recientes, todas muy semejantes, presentadas a la Legislatura (ver aparte). Los órganos que contienen a los fiscales y los defensores de la provincia también auspician la idea.

Para ser jurado casi no hay restricciones: tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir y comprender el español. El cuerpo debe tener paridad entre sus miembros y por ello están excluidos quienes la quiebren por el conocimiento que ostenten o su posición en la sociedad. Así están impedidos los funcionarios políticos, los ministros religiosos, los abogados, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados entre otros.