UN PROYECTO QUE LLEVA YA TRES AÑOS EN LOS CAJONES

El padre Salvador Yaco, al frente de los reclamos.
“Basta de política represiva contra los que protestan”

Una delegación de dirigentes gremiales y de organizaciones populares y de derechos humanos -encabezados por el líder de la CGT San Lorenzo, Pablo Reguera y el cura párroco de Capitán Bermúdez, padre Salvador Yaco‑ reclamó a la Legislatura el “urgente tratamiento de una ley de amnistía a luchadores sociales procesados por la Justicia” que guarda en algún cajón desde hace casi tres años. El planteo fue hecho ante la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que se comprometió a tratar el anteproyecto que las mismas organizaciones presentaron el 2 de agosto de 2001, pero que desde entonces duerme el sueño de los justos. Por aquel entonces, unas 136 personas estaban bajo proceso judicial -o sufrían el hostigamiento de la policía y en algunos casos, la cárcel‑ por reclamar “techo, pan y trabajo” en calles y rutas de la provincia, pero hoy esa cifra se duplicó por imperio de los represores del conflicto social.

Los diputados de la comisión de Derechos y Garantías -entre ellos, su presidente, Raúl Lamberto (PS)‑ tuvieron la oportunidad de escuchar un panorama descarnado de la “grave situación de precariedad, flexibilización y explotación a la que están sometidos los trabajadores en general”, dijo uno de los participantes en la entrevista. Lamberto fue acompañado por cuatro de sus colegas: Marcelo Gastaldi y Danilo Kilibarda (PJ), Alicia Gutiérrez (ARI) y Mónica Peralta (UCR). Faltaban el reutemista Jorge Lagna y la obeidista Julia Pesaresi.

Los dirigentes sindicales condenaron la judicialización de la protesta social. “Debe cesar la política represiva contra los sectores sociales y políticos que rechazan estos atropellos y resisten el modelo económico. Es urgente generar un debate legislativo sobre este tema”, dijo uno de ellos.

El proyecto de ley de amnistía fue elaborado por el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y avalado por quince organizaciones de la provincia, entre ellas la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), las Madres de Plaza de Mayo, el Foro por la Impunidad y por la Justicia y los movimientos piqueteros.

Lamberto dijo que el pedido será elevado a cada uno de los bloques de la Cámara de Diputados y una vez que cada uno de ellos se defina -a través del correspondiente dictamen‑ informará a los peticionantes sobre el resultado del trámite.

En la entrevista participaron Pablo Reguera (líder de la CGT San Lorenzo y secretario general del Sindicato de Aceiteros de Puerto General San Martín) “Noni” Monzón, Agustín Roldán y Graciela Giménez (municipales de Capitán Bermúdez), el padre Salvador Yaco (parroquia Santa Catalina, Capitán Bermúdez), Juan Carlos Giachello (químicos y petroquímicos, Capitán Bermúdez), Ana María Callegaris (SADOP), Miguel Poblete y José Aguirre (ceramistas de Capitán Bermúdez), Luis Swerda (municipales de Puerto General San Martín), el concejal Ricardo Morales (Capitán Bermúdez), José Luis “Puma” Rodríguez (Coordinadora Popular Fidel Toniolli de Fray Luis Beltrán) y el abogado Norberto Olivares (Liga Argentina por los Derechos del Hombre)

El texto presentado el 2 de agosto de 2001 declara una amnistía para “todos los que hayan participado en hechos de reivindicación social, económica, gremial, por derechos humanos o estudiantiles, sucedidos a partir de la vigencia de la ley de convertibilidad y se encuentren inculpados por esas razones, quedando exceptuado el caso de delitos contra la vida” (artículo 1º). La norma incluiría a quienes protestaron en:

* “Cortes de rutas u otras vías públicas en demanda de puestos laborales o cualquier otro reclamo vinculado a sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

* “Por la paralización o suspensión de subasta de bienes de productores, en particular pequeños y medianos empresarios y productores, o de inmuebles habitados por familias de escasos recursos.

* “Movilizaciones o reclamos gremiales por despidos injustificados, aumentos o demoras en las retribuciones o cualquier otra causa.

* “Reclamos destinados a obtener mejoras u otros beneficios, en particular, la entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad para aliviar la situación de los miembros del sector pasivo, desocupados u otros sectores de escasos recursos.

* “Jornadas de protestas estudiantiles y de derechos humanos.

* “Ollas populares. La enumeración precedente no se reputará como taxativa”, dice el proyecto.

Sancionada la ley, los jueces deberán decretar “el cierre inmediato de todo proceso por hechos alcanzados en la norma anterior por extinción de la acción penal, aún de oficio, cualquiera fuera el estado procesal de la causa”.