UN SECTOR DE LA UTA EXIGE LA RENUNCIA DE KIENER

La agrupación interna Ignacio Rucci de la Unión Tranviarios Automotor exigió la renuncia del actual secretario general de ese gremio y la CGT Jorge Kiener, y la regularización urgente de la situación laboral de los trabajadores del sector.

En representación de la agrupación, “integrada por trabajadores en actividad y expulsados de las empresas de transportes”, Omar Coria ratificó su repudio “a esta política municipal en la que, por acción u omisión, han participado tanto funcionarios municipales como el Concejo en pleno, legislando de espaldas a los contribuyentes y a los trabajadores”.

Advirtió luego sobre la existencia de conductores en negro, no registrados como trabajadores en el Ministerio de Trabajo “y que una oscura empresa, como es la 7 de Marzo SRL, que explota los recorridos de las líneas 5, 9, 10, 10 bis y 16 cuenta con, apenas, 30 empleados registrados en el ANSESS”.

“El contribuyente debe ser informado que el Concejo y la Municipalidad han legislado ilegalmente: hace más de cuatro años que no existe contrato de concesión entre Municipalidad (concedente) y empresas (concesionarios)”. Esto significa, para Coria, que “no existen garantías a favor del municipio y que los seguros contratados, cuando los hay, se han realizado en base a un servicio jurídicamente inexistente”. Y señaló que “todo esto ha sido propulsado por el empresario del transporte y dirigente sindical Jorge Kiener, con el asesoramiento del abogado de UTA y ex funcionario, municipal y provincial Alejandro Rossi”.

Denunció más adelante el cobro de seguros de desempleo por parte de choferes como parte de pago por sus servicios, y la triangulación para el cobro de subsidios “que culmina hoy con el colapso del transporte que debe pagar el usuario y que, posteriormente, deberemos afrontar los trabajadores”. “En este esquema lo que subsiste son pseudo empresarios, sindicalistas e intermediarios influyentes ricos y un servicio pobre, ilegal e irregular”.

Por último evaluó que la tarifa de un servicio público “no puede ser fijada arbitrariamente por un cuerpo legislativo según se participe en el negocio. Debe responder a variables científicas del costo del servicio en el que estamos incluidos los trabajadores con nuestros derechos sociales hoy desconocidos por el gremio, la patronal, el Municipio y el Concejo”.