Un tercio de los jueces comunales no tiene título universitario

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto enmarcado en la la reforma judicial que apunta a otorgar a los jueces comunales facultades para intervenir en pequeñas causas y así agilizar los trámites judiciales. Para esto, se elevan las exigencias académicas para los nuevos funcionarios que se desempeñen en esa tarea. Si el Senado le da el visto bueno a la iniciativa, todos los jueces comunales de la provincia deberán tener título universitario.

Según detalló el ministro de Justicia Héctor Superti a Radio 2, “de los 300 jueces comunales existentes hoy en la provincia de Santa Fe, 90 no poseen título universitario". En principio, el resto de los magistrados deberán recurrir a los jueces calificados más cercanos a la localidad, a la hora de resolver las pequeñas causas judiciales que se produzcan en su jurisdicción.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley –cuyo proyecto está siendo tratado en comisiones de la Cámara alta– los jueces comunales que no tengan título universitarioa seguirán trabajando pero "atenderán cuestiones cotidianas" y "deberán derivar las denominadas pequeñas causas judiciales que se presenten en su localidad al juez comunal más cercano que reúna los requisitos académicos establecidos por la ley”, aclaró Superti.

Este miércoles, el ministro se presentó ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial y explicó los alcances del proyecto que contempla también una nueva modalidad en la designación de los jueces comunales que a partir de la sanción de la nueva norma deberán contar con acuerdo legislativo, a diferencia de la mera designación por decreto del Ejecutivo, como sucede en la actualidad.

En la presentación de la iniciativa, el ministro manifestó que el objetivo político es “transformar la actual justicia comunal en justicia comunitaria, que algunos denominan para las pequeñas causas”.

El funcionario señaló, además, que a través de la iniciativa gubernamental se está cumpliendo con el compromiso asumido a principios de la actual gestión de gobierno, que incluye un mayor protagonismo de parte de los mencionados magistrados.