UN TERREMOTO POLÍTICO AGITA A ITALIA

Uno de los más grandes casos de corrupción de la Italia republicana”. “Una gigantesca obra de corrupción”. La Justicia “transformada en uso privado”. Palabras pesadas como piedras, que el Tribunal de Milán que condenó a fines de abril a 11 años de cárcel a Cesare Previti (abogado, amigo y estrecho colaborador del primer ministro italiano) escribe en la sentencia de mil páginas, publicada hace dos días. Silvio Berlusconi aparece afectado por un escándalo devastante que compromete su futuro político.

Tres meses después, la difusión de los motivos de la sentencia de uno de los procesos que más expectativas ha provocado por sus implicancias, incluso institucionales, ha causado un impacto que hace trastabillar el escenario político.

Los procesos de Milán son en realidad tres y el panorama es el mismo. Previti, que fue ministro de Defensa en el primer gobierno Berlusconi de 1994, según los jueces era la cabeza de un grupo de abogados en las sombras que había corrompido a varios altos jueces de Roma.

La sentencia del 29 de abril, cuyos detalles han sido ahora hecho públicos, condenó a Previti y también a los jueces Vittorio Metta (13 años de cárcel) y Renato Squillante, más los abogados que operaban con Previti: Attilio Pacífico y Giovanni Acámpora.

La sentencia en sí misma abarca 536 carillas, que se hacen mil con los documentos agregados. Dos casos entran en el veredicto de los magistrados de Milán. Se trata de un par de arbitrajes. Por el primero, se juzgó un soborno a los magistrados para conseguir una indemnización de centenares de millones de dólares que el banco público IMI tuvo que pagar a los herederos del “rey de la química”, el fallecido Nino Rovelli.

En el segundo caso, los jueces de Roma, según sus colegas de Milán, se vendieron en un arbitraje que favoreció el conflicto por la propiedad de la editorial Mondadori, la segunda más importante del país, en favor de Berlusconi, que aún no se había lanzado a la política.

El premier italiano es el empresario más rico del país y está acusado de persistir en el conflicto de intereses entre sus beneficios privados y sus deberes públicos. Logró zafar de este proceso porque fue acusado de corrupción simple, un delito que ya prescribió.

Los jueces de Milán sostienen que están a la vista todas las pruebas de las riquezas de los magistrados de Roma con dinero que les pasaban Previti y los otros abogados. En el caso Mondadori, las sumas millonarias partieron de cuentas en el exterior de la empresa madre del grupo Berlusconi, la Fininvest.

El primer ministro italiano reiteró que una vez más se estaba ante una “persecución” por parte de los “magistrados politizados” en favor de la oposición de centroizquierda.

En el tercer proceso, conocido como “laudo SME”, iniciado hace tres años y con la sentencia que podría ser pronunciada en los próximos tres meses, Berlusconi es uno de los imputados, pero su caso se apartó gracias a una ley que aprobó en junio el Parlamento (donde la alianza oficialista de centroderecha tiene mayoría absoluta), que concede la inmunidad al primer ministro y a los otros cuatro cargos más altos del Estado mientras dure su mandato institucional.

La difusión de la sentencia produjo una tempestad política veraniega. Sandro Biondi, portavoz parlamentario del partido de Berlusconi, Forza Italia, anunció el propósito de iniciar una investigación por “asociación para delinquir” contra una parte de la magistratura, la oposición de centroizquierda e “intereses editoriales”. Esta alusión está dirigida contra el grupo “La Repubblica-L’Espresso”, propiedad de Carlo De Benedetti, justamente la persona que perdió los arbitrajes judiciales por la editorial Mondadori y por el grupo alimentario público SME.

El aspecto político-institucional internacional de estos escándalos resulta muy serio porque Berlusconi es actualmente el presidente de turno semestral de la Unión Europea.

El clima borrascoso hace recordar el ambiente que se vivía en Italia en 1991, cuando estallaron los escándalos de corrupción investigados por la Justicia de Milán, conocidos como “Operación Mani Pulite” y “Tangentópolis” (ciudad de las coimas), que prácticamente liquidaron la llamada Primera República, con decenas de políticos, empresarios, parlamentarios y gobernantes procesados.