UNA AUDIENCIA PÚBLICA PARA DEBATIR LA INSTALACIÓN DE CARGILL
Los vecinos del barrio Ibai Ondo de Villa Gobernador Gálvez que se vienen oponiendo a la instalación de la empresa cerealera multinacional Cargill en esa zona se presentaron ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe para denunciar lo que consideran “una irregular” aprobación, por parte del Concejo de esa ciudad, del proyecto de rezonificación que convirtió lo que era una zona residencial en un sector industrial como paso previo a la instalación de un puerto para la exportación de cereales. Asimismo, los vecinos cursaron esta semana un pedido formal de audiencia pública ante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, “para que el tema se discuta en forma abierta y con participación de todas las partes involucradas, incluidos los habitantes de la zona, las autoridades de la provincia, los ediles de Villa Gobernador Gálvez y los organismos no gubernamentales”, según señalaron los vecinos.
Por otra parte, los habitantes de Ibai Ondo ya pusieron en conocimiento de la situación a la Presidencia de la Nación y no descartan ser recibidos en los próximos días por autoridades del gobierno nacional, ante quienes van a denunciar la situación.
“En la Defensoría del Pueblo denunciamos que hubo una irregularidad previa a la autorización de la rezonificación, porque faltó el estudio de impacto ambiental que por ley tiene que venir antes de proyecto. También planteamos que necesitamos ayuda para lograr que la Secretaría de Medio Ambiente autorice la audiencia pública. Nuestra idea es que esto se dé a conocer a la población y se discuta públicamente”, señaló Graciela Lazzari, una de las vecinas de la zona que junto con un amplio espectro de organizaciones ambientalistas, de defensa del consumidor y organismos de derechos humanos viene llevando adelante las protestas ante las autoridades por lo que consideran una irregular aprobación del proyecto de rezonificación, que fue aprobado por el Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez el 6 de noviembre “sin contar con el correspondiente estudio de impacto ambiental estipulado como obligatoria de acuerdo a la ley provincial 11717”, según denuncian los habitantes de la zona.
Los vecinos fueron recibidos el viernes por el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, y por el director del área de Medio Ambiente de esa repartición, Carlos Arcocha, quienes los pusieron en conocimiento de que ya se están ocupando del tema y que cursaron los debidos pedidos del informe a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia.
Por otra parte, los funcionarios se comprometieron ante los denunciantes a realizar gestiones ante Medio Ambiente para acelerar los trámites para que finalmente se acepte el pedido de audiencia pública.
Respuesta a la solicitada
Además, los vecinos de Villa Gobernador Gálvez salieron a responder a la solicitada publicada por la firma el miércoles de la semana pasada, en la que se abre un registro de proveedores para brindar servicios con vistas a la futura instalación. “Consideramos que la solicitada es una forma de ejercer presión. Es una estrategia de Cargill para dividir al pueblo y convencernos de la conveniencia de la instalación con el argumento de la generación de puestos de trabajo”, consideró Lazzari.
“La solicitada es un intento de ejercer presión ante la realidad fatal de que Villa Gobernador Gálvez está entre las ciudades más pobres del país y se necesita trabajo. Pero lo cierto es que, si fuera verdad que estas industrias generan tantos puestos de trabajo, el cordón industrial sería floreciente y no lo es”, agregó Lazzari, al tiempo que denunció la falta de planificación y organización para reubicar a la gente que vive en asentamientos irregulares sobre terrenos que serán utilizados por la cerealera para sus instalaciones.
“A algunas personas ya les llegó una intimación de desalojo con plazo hasta el 17 de marzo. Otros saben que se tienen que ir pero todavía no les llegó nada”, señaló la vecina de Villa Gobernador Gálvez.
“La secretaría de Medio Ambiente debería actuar de oficio por la irregularidad que se cometió en el Concejo al aprobar la rezonificación pasando por encima de una ley provincial”, agregó Guillermo Wendler, otro vecino del lugar
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