UNA DENUNCIA DE AMMAR QUE NUNCA TUVO RESPUESTA JUDICIAL

Una de las más resonantes denuncias difundidas por Sandra Cabrera, la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) recientemente asesinada, nunca tuvo una respuesta judicial. La acusación, que apuntaba directamente a personal policial, fue hecha por una trabajadora sexual de la zona de la terminal de ómnibus contra la división Moralidad Pública el 10 de setiembre pasado, y fue dada a conocer a los medios de comunicación por Cabrera, quien adquirió gran notoriedad pública a partir de esta denuncia. La investigación, que inició el juez de instrucción Jorge Eldo Juárez, tuvo efectos políticos inmediatos, pero en el plano judicial poco y nada se avanzó, al menos hasta ahora. La respuesta de las autoridades políticas, en cambio, sí fue rápida y contundente: los jefes de la sección fueron relevados y en su reemplazo asumió una mujer de la fuerza. Y este hecho no pasó inadvertido para las trabajadoras sexuales que se animaron a denunciar: “Tengo miedo de que venga el vuelto por lo de Moralidad”, fue una de las últimas frases que pronunció Cabrera en la redacción de El Ciudadano. Pocos días después su cuerpo sin vida apareció tirado en la calle, con un tiro en la nuca. Todo un mensaje.

Lo cierto es que las investigaciones sobre ese caso no registran hasta hoy imputados, si bien ahora, luego del asesinato de la dirigente de las meretrices, podrían surgir algunos de acuerdo a una serie de medidas que ordenará la jueza María Luisa Pérez Vara. La magistrada recibió la causa porque el jefe de la cuestionada sección, Javier Pinatti, tenía un proceso pendiente en su juzgado de la época en que era titular de la comisaría 6ª.

En ese sumario, de 2002, Pinatti sí fue indagado y por lo tanto está formalmente imputado, aunque todavía no se definió si el presunto ilícito es una extorsión o una amenaza ni fue resuelta su situación procesal. De todos modos, voceros judiciales descartaron que en breve habrá novedades al respecto (es decir, un auto de falta de mérito o un procesamiento).

Concretamente, Pinatti y el entonces subjefe de la seccional 6ª, Hugo Sosa, fueron acusados por un detenido de retener una moto, de no querer devolvérsela. Aunque finalmente el rodado apareció, ambos funcionarios debieron desfilar por Tribunales.

La existencia de este hecho anterior hizo que el juez Juárez se desprendiera de la resonante causa contra Moralidad Pública, en la cual Pinatti es sospechoso en tanto máxima autoridad del área. El sumario por amenazas coactivas y cohecho ingresó al despacho de Pérez Vara el 3 de diciembre de 2003.

La primera semana de febrero la magistrada ordenó la primera medida: que la denunciante ratifique sus dichos en la justicia. La mujer es la misma que acusó de amenazas al paraguayo Encina, ahora involucrado en el crimen de Cabrera. Ejerce la prostitución en las inmediaciones de la terminal y, al menos en setiembre pasado, se encuadraba en la agrupación Ammar. Lo cierto es que el viernes no respondió a la citación por lo que el tribunal repetirá la convocatoria.

A decir verdad, el juez Juárez no inició la causa cuando la trabajadora sexual deslizó connivencia entre los dueños de prostíbulos de la zona y la policía sino un día antes, el 9 de setiembre, con la denuncia de una dominicana.

La joven, de 22 años, le dijo al fiscal Esteban Franicevich que su prima la había traído del extranjero para que se empleara en un supermercado, por lo que le prestó plata para el viaje. Sin embargo, al llegar a Rosario fue obligada a trabajar en una whiskería llamada Punta Cana, de Castellanos entre Santa Fe y San Lorenzo.

El esposo de su prima, según la acusación, le retuvo 300 dólares para pagar la deuda por haberla traído desde República Dominicana. La chica agregó que estaba amenazada al igual que su concubino, que trabajaba en la terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

Los aprietes

Al día siguiente llegó a Tribunales otra denuncia, esta vez respaldada por Ammar en la figura de Sandra Cabrera. Como dirigente apoyó a su colega, aunque nunca declaró en calidad de testigo o acusadora. En síntesis, lo que la meretriz contó en esa oportunidad fue que Pinatti le sugería que dejara trabajar tranquilo al boliche Punta Cana, que había abierto sus puertas a fines de abril en la misma esquina donde ella “paraba” desde hacía cuatro años. La joven continuó en el lugar y poco después fue detenida por Moralidad Pública. Entonces un policía le aconsejó que no peleara con el jefe con estas palabras: “No seas boluda, vos llevás las de perder, estás trabajando en la calle y ellos (por los dueños del local) ponen la plata”. La meretriz consignó que sus colegas de Punta Cana estaban indocumentadas.

El fiscal analizó ambas presentaciones, encontró coincidencias y solicitó una investigación conjunta. Entre el 12 y el 13 de setiembre el juez Juárez dio intervención a Asuntos Internos y realizó varios allanamientos, entre ellos a la whiskería y a la casa de su dueño, el proxeneta denunciado por la dominicana.

De los procedimientos surgió el secuestro de un papelito que rezaba el apellido del jefe de Moralidad, con el número de teléfono de la sección debajo. Tres personas fueron detenidas, el propietario de Punta Cana, su novia –dominicana, como la prima a la que supuestamente explotaba- y otra mujer que sería la dueña del inmueble. Se recolectó abundante documentación que probaría la corrupción policial.

La purga policial

La consecuencia de aquel intenso fin de semana fue que el lunes 15 de setiembre se anunció la purga de Moralidad. Salieron, entre otros, Pinatti, el subjefe Walter Miranda y el sargento Sergio Bermejo, ahora preso por cohecho ya que según la acusación de una trabajadora sexual seguía pidiendo coima aunque revestía en otra brigada.

En el marco de las pesquisa, la judicial y la administrativa, Asuntos Internos labró un acta el 5 de noviembre que afirma que la denunciante no ejercía la prostitución en la calle sino en un boliche de la misma cuadra.

El expediente contiene, en definitiva, una maraña de historias vidriosas que la jueza Pérez Vara deberá desentrañar, con la mirada de la opinión pública pendiente de ese intento.

SIN ECO EN EL JUZGADO

El abogado del comisario Javier Pinatti, Paul Krupnick, consultado por la causa que involucra a su cliente se limitó a decir que el 11 de setiembre, luego de que la prensa se hiciera eco de la denuncia de Ammar, Pinatti y el subjefe de Moralidad Pública, Walter Miranda, se pusieron a disposición del juez de instrucción Jorge Juárez. Además solicitaron una orden de allanamiento para requisar el polémico local por infracción al artículo Nº 17 de la ley de profilaxis. Sin embargo, según Krupnick, no tuvieron eco en el juzgado correccional de la primera nominación.