UNA EMPLEADA PROVINCIAL CON CÁNCER Y AL BORDE DE DESPIDO

Desde hace más de una década el personal no docente que trabaja en los comedores escolares dependientes del Ministerio de Educación de la provincia lucha por acceder a la postergada titularización de los cargos, una meta que resulta lejana para muchos de esos empleados públicos. Uno de los casos más dramáticos registrados por la Asociación de Trabajadores del Estado es el de una mujer que se desempeña en la escuela 109, a quien no se le permitió acceder a un puesto efectivo porque se le detectó un cáncer a pesar de que cuenta con nueve años de antigüedad en el cargo y contrajo la enfermedad durante ese período. El 20 de agosto se le impidió el ingreso al establecimiento y al igual que otros 250 agentes en situaciones similares espera la resolución de su cesantía. “El gobierno se está desempeñando como un empleador privado que trata con personal en negro”, advirtió el abogado que representa a la damnificada.

El caso de Miriam Goitía no es el único pero es el más grave que consigna ATE. La mujer, de 45 años, pertenece a la planta de la cocina centralizada de Granadero Baigorria aunque se desempeña en la escuela 109 J. Chassaing, ubicada en Sucre 1457. Es una de las tantas empleadas auxiliares de los comedores que trabaja desde hace nueve años y que el Estado provincial no titularizó durante ese lapso a raíz de los atrasos administrativos en los que incurrió. Mientras esperaba la concreción de ese trámite, descubrió que padecía cáncer, situación por la cual no se le dio el “apto absoluto” al momento de realizar el examen preocupacional cuando en realidad ya había iniciado su carpeta médica cuando ingresó a trabajar. Esa situación le ocasionó un perjuicio por partida doble porque no sólo perdió la posibilidad de quedar efectiva a causa de su enfermedad sino que se le negó el acceso a otro tipo de tarea ya que a causa de un cáncer de útero que le afectó otros órganos no puede realizar sus actividades normales en la cocina

“La situación de la mujer se tornó más crítica cuando en agosto la directora del establecimiento donde trabaja acató una orden telefónica derivada de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y no le permitió a Goitía ingresar a la institución”, afirmó el secretario adjunto de ATE, Gustavo Martínez, quien explicó que de acuerdo con una resolución de la Fiscalía de Estado de la provincia ésa es la modalidad para solucionar conflictos semejantes. “El gobierno se desentiende mandando la gente a su casa, la desvincula de su entorno laboral y en cualquier momento envía la orden de cese definitivo”, describió.

Por su parte, el abogado que defiende a la mujer, Andrés Paoloni, aseguró que la forma en que el ministerio manejó el caso de Goitía es completamente arbitrario. “Desde el punto de vista jurídico se puede decir que cualquier ente administrativo tiene que emitir un acto resolviendo y actuando en particular. Aquí la provincia de Santa Fe se movió como un empleador privado con personal que está en negro, es decir, no registrado en recaudos legales”, dijo.

Paoloni también cuestionó a la directora del establecimiento porque “obró a partir de una orden telefónica y provocó que Goitía quedara virtualmente cesante al prohibirle el ingreso a la escuela”. De acuerdo con la observación del letrado, “el acto administrativo debe ser comunicado por escrito y en forma fehaciente para descargar la responsabilidad”.

Tanto Paoloni como Martínez coincidieron en reconocer que el caso de Goitía no es el único y que hay registrados en la provincia 250 legajos similares de empleados considerados “temporarios” cuando cuentan con más de una década de antigüedad. “La normativa vigente prevé que deben alcanzar la efectividad a los ocho meses de la incorporación”, apuntó el representante gremial.

Muchos de esos 250 trabajadores que ingresaron al sistema hace doce o trece años contrajeron dolencias relacionadas con la actividad –problemas de columna, várices y otras similares– y luego “el gobierno los declaró inaptos” para titularizarlos cuando muchas de esas afecciones se generaron por el mismo desempeño laboral.

Los delegados son blanco de “acoso”

La dirigencia local de ATE denunció “persecución” del gobierno provincial contra delegados de distintos comedores y especialmente de la cocina centralizada de Granadero Baigorria. En esa línea citó el caso de Francisco Romero, quien el viernes pasado fue trasladado a otra dependencia porque junto a otros trabajadores denunció públicamente “anormalidades” en el lugar donde se elaboran 12 mil raciones diarias para distribuir en distintas escuelas de la ciudad. “Justamente, se nos está castigando a quienes exigimos que a los chicos se les dé comida de la calidad que corresponde”, dijo el perjudicado, a quien se le negó el ingreso a la cocina. A pesar de que Romero ayer fue elegido nuevamente delegado y al momento del traslado se encontraba amparado en los fueros gremiales, aún se desconoce si se le permitirá reincorporarse nuevamente a su lugar de trabajo original.