UNA FISCAL FEDERAL DENUNCIÓ AYER 1700 DESAPARECIDOS EN SANTA FE.

La Fiscal Federal Cintia Gomez presentó ante el juez una medida cautelar autónoma de protección a favor de las personas que han denunciado la desaparición de personas de su grupo familiar, en razón de la catástrofe producidas por las inundaciones en la ciudad de Santa Fe.
Según reza el escrito presentado ayer por la magistrada, “de acuerdo a la base de datos obtenida en el día de la fecha -actualizada a la hora siete de hoy-, el número de las personas desaparecidas asciende a MIL SETESIENTOS SETENTA Y CINCO (1775).
En virtud de las preliminares actuaciones efectuadas por la fiscalía Nº 2 “las personas censadas no figurarían en las bases de datos de evacuados y autoevacuados”. En cuanto a la cifra de evacuados, Gomez dice que asciende a 27.688 aproximadamente y los autoevacuados 53.313.
“En consecuencia esta Fiscalía Federal solicita al Señor Juez que se ordene a las Fuerzas de Seguridad y de Defensa Civil Nacionales la organización oficial de un OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, con la colaboración del personal idóneo perteneciente al Registro Nacional de las Personas, a los fines de que al mismo tiempo se otorgue documentación pertinente a su identidad a los afectados que la han perdido en la tragedia”.

La Fiscal interpone el petitorio en pos de la protección de la dignidad humana, su integridad física, moral y psíquica, y de la familia, derechos consagrados constitucionalmente. Según el escrito “la representación está otorgada en la Carta Magna por el art. 120 cuando jerarquiza al Ministerio Público de la Nación como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demas autoridades de la República”.
Esta solicitud se funda la Ley Nº 17.671, que regula la Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional; como así mismo en las normas pertinentes de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
La Magistrada sugiere como medidas a adoptar, el aporte de las fotografías de las personas buscadas, sea por entes oficiales y/o personas allegadas, con el fin de su publicación masiva por los medios de comunicación.