UNA JUEZA DENUNCIÓ A MONTOYA Y LO ACUSA DE IMPLANTAR LA LEY DE LA SELVA

La jueza platense Ana Logar presentó una denuncia penal, por la presunta comisión de los delitos de injurias y calumnias, contra el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, en un escrito en el que indicó que elevó la querella “a la vista de la falta de límites” del funcionario.

Logar es titular del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de esta ciudad, quien fue blanco hace unos días de duras críticas de parte de Montoya, luego de que la magistrada otorgara un amparo a un contribuyente al que Rentas (que depende de ese funcionario) le secuestrara una camioneta por deudas con el fisco por el impuesto de patentes.

Ese vehículo fue secuestrado en el marco de la ley que otorgó “superpoderes” a Rentas permitiéndole embargar bienes, cuentas y sueldos e incautar automotores sin orden judicial. Y ante el recurso presentado por su propietario, la jueza Logar ordenó la restitución del vehículo a su dueño.

Montoya, en tanto, al conocerse esa resolución judicial, hizo declaraciones públicas en las que habló de “magistrados que se cagan en los contribuyentes que pagan”, dijo que algunos jueces “están para el psiquiátrico” y padecen de “confusión mental”, y afirmó que “el juzgado de Logar demora en promedio 101 días para conceder una cautelar a favor del fisco y 48 horas a favor de un contribuyente moroso”.

En ese marco, la jueza Logar presentó ayer, con el patrocinio de los abogados Héctor Granillo Fernández y Mariano Hasperué, ante la justicia correccional platense una querella por “calumnias e injurias reiteradas”, en la que planteó que Montoya la “difamó y deshonró de todos los modos posibles a su alcance, particularmente a través de medios masivos de comunicación, tanto en lo que hace al desempeño de mi cargo de jueza como en lo relativo a mi condición humana”.

Tras hacer una reseña de su trayectoria en la administración provincial y la justicia y como docente universitaria, la magistrada se refirió a la medida cautelar por la que ordenó la devolución del auto incautado por Rentas, según destacó hoy el diario El Día de esta ciudad.

Así puntualizó que ese vehículo “había sido secuestrado por orden de Montoya en su función de subsecretario, sin orden judicial alguna, en manifiesta transgresión a las garantías constitucionales, especialmente las del debido proceso legal y de la inviolabilidad del derecho de propiedad y de la defensa en juicio de dicho derecho”.

La jueza definió esa incautación como un “secuestro dispuesto ilegalmente por la autoridad administrativa sin intervención judicial”.

En ese contexto, consideró que Montoya “no ha comprendido cómo funciona el estado de Derecho, que en él no se permite la justicia por mano propia y que, aún cuando pretenda cobijarse” en la ley de “superpoderes”, cuando un conflicto llega a la justicia “es la primera y la mayor obligación de los jueces velar por la vigencia de la Constitución nacional”.

“Ningún funcionario del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo puede hacer justicia por mano propia, establecer una suerte de ley del talión e implantar las reglas de la selva”, añadió.

Luego señaló que el mismo día de conocida su resolución “escuché consternada las declaraciones injuriosas y difamatorias proferidas” por Montoya contra ella, “dadas en una conferencia de prensa brindada con el solo fin de lesionarme en mi buen nombre y honor, de ridiculizar y dejarme mal posicionada frente a la sociedad, a la que me quiso presentar poco más o menos como a una jueza irresponsable y, peor aún, que resolvía a favor de los delincuentes”.

Logar afirmó que “las ofensas proferidas” por Montoya “surgen de una posición personal” del funcionario que “evidentemente intenta desconocer que al Poder Ejecutivo le está vedado ejercer funciones judiciales y que, como felizmente no vivimos en la selva, no es la fuerza, la pura fuerza pública o privada la que funda y motiva la resolución de los conflictos de derecho”.

La jueza sostuvo también que los dichos de Montoya en su contra le han provocado “un agravio que resulta imposible de determinar tanto desde el punto de vista personal como funcional, docente, académico, personal, familiar y social”.

Asimismo, tras analizar detalladamente los conceptos de Montoya en el sentido de que “hay jueces que están para el psiquiátrico”, que tienen “confusión mental” y que “prefieren cagarse en los que cumplen con sus obligaciones impositivas”, la querellante sostuvo que “se hace patética la injuria a mi persona”, ya que “la intención es mostrarme injustamente ante la sociedad como una persona inidónea para el cargo, confusa en sus razonamientos, deficiente y además altamente disvaliosa, porque sería útil a quienes no quieren pagar”.

Y se preguntó: “¨hay algo más peyorativo, más injuriante para mi buen nombre y honor?”.

Para la magistrada, además, los dichos de Montoya estuvieron orientados a colocarla “como una magistrada deficiente, que permite que los evasores confesos se salgan con la suya”, lo que “ya tiene carácter de calumnia” (imputación falsa de la comisión de un delito), ya que “falsamente me atribuye como jueza la conducta del que dicta resoluciones contrarias a la ley”.