UNA JUEZA DICE QUE ORDENÓ DESALOJAR LA COMISARÍA 24 Y NO LE HICIERON CASO

La investigación judicial sobre el asesinato de un militante piquetero y el posterior copamiento de una comisaría, hace una semana, derivó en una fuerte polémica. La jueza que debió conducir el caso denunció ayer que no la dejaron actuar porque había ordenado la detención de los piqueteros, entre ellos Luis D’Elía, y sugirió que fue por decisión de funcionarios del Gobierno.

María Angélica Crotto, titular del juzgado de Instrucción que estaba de turno al momento del crimen, formuló su presentación ante la Cámara Federal porteña. Aunque en el escrito no mencionó a nadie en particular, fuentes judiciales confiaron a Clarín que le apuntó a José María Campagnoli, subsecretario de Seguridad y negociador principal durante la toma de la comisaría 24ª, la madrugada del sábado.

El juez que esa noche terminó ocupándose del asunto fue Norberto Oyarbide, del fuero federal. Desde el Ministerio de Justicia en su momento se explicó que no intervino ningún juez penal ordinario, como correspondía legalmente, porque ninguno se quiso hacer cargo; la Policía Federal agregó luego que la jueza de turno no había sido localizada.

Seis días más tarde, Crotto salió a decir que todo eso es falso; que ella ordenó desalojar la comisaría y que su decisión no fue respetada. “Actúen. Y cuando tengan los detenidos, cárguenlos en un patrullero y llévenlos a Tribunales”, habría mandado la jueza a Cayetano Grecco, todavía jefe de la seccional.

Al final, D’Elía y la gente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) salieron del lugar por su cuenta, tras negociar con Campagnoli y otros funcionarios. Habían entrado a la comisaría —en La Boca— pasada la medianoche, tras enterarse del asesinato de Martín “El Oso” Cisneros. Los piqueteros acusaban a los policías de complicidad con el sospechoso Juan Carlos “Colchones” Duarte, hoy preso.

El hecho derivó en dos causas judiciales, una por el crimen y otra por el copamiento de la comisaría. Oyarbide tomó ambos expedientes de manera provisoria: dispuso el allanamiento que permitió detener a Duarte y a un menor, y esperó que se resolviera la toma de la seccional pacíficamente. En su denuncia, Crotto dio a entender que se siguieron las decisiones del juez federal porque las de ella le parecieron desacertadas a Campagnoli.

Relató que la llamaron a las 2 de la mañana; incluso —dijo— conversó con la fiscalía de turno, a cargo de Alicia Martín y María Elena Holden. El comisario Grecco habría quedado en llamarla de nuevo, pero no lo hizo. Y Crotto tampoco fue hasta La Boca para ver por qué no se cumplían sus órdenes. Ahora hizo una denuncia genérica por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia. Como el escrito ingresó a la Cámara pasadas las 13.30, recién el lunes se va a sortear qué juez investiga el asunto.

“Marita” Crotto lleva muchos años en Tribunales, siempre con estricto perfil bajo. Fuentes cercanas a ella confiaron que lo que la llevó a hacer la denuncia fue “sentirse usada” por el Gobierno. Sin embargo, en su presentación, no explicó por qué demoró la denuncia casi una semana.

Por el lado del Gobierno, anoche deslindaron cualquier responsabilidad en el comisario Grecco, que el mismo sábado fue desplazado de su cargo por el ministro Gustavo Beliz. “Campagnoli nunca habló con Crotto. Sólo lo hizo Grecco”, dijeron.

El miércoles, Oyarbide se declaró incompetente y las dos causas fueron a parar a la Justicia ordinaria. La del crimen de Cisneros recaló en un juzgado de Menores; la de la toma de la seccional en el juez Alberto Baños.