UNA LEY SIN REGLAMENTAR ASIGNA TERRENOS A INDIGENAS

La ocupación de un terreno por parte de la comunidad toba en Empalme Graneros puso al descubierto la falta de reglamentación de una ley que preve la entrega de tierras fiscales a comunidades indígenas: es la que lleva el número 12.086, tiene la firma de Carlos Reutemann y está fechada en diciembre de 2002, cuando el Lole estaba al frente de la Casa Gris. Pero ni el ex gobernador ni su sucesor, Jorge Obeid, han demostrado voluntad para que la norma deje de ser letra muerta y se convierta en una herramienta para mitigar las desigualdades a las que son sometidos los pueblos originarios.

Ofelia Morales es docente de la escuela bilingüe Taygoyé y dirigente de la comunidad toba. “Los indígenas en Santa Fe no son reconocidos por lo cual habiendo una ley podríamos tener acceso a las tierras porque los tobas, los mocovíes y los coyas no tenemos la propiedad de las tierras donde vivimos. Desde el norte al sur de la provincia ningún indígena tiene propiedad sobre la tierra en que vive. Muchos están viviendo en campos de sus patrones y en las ciudades vivimos en tierras privadas donde dejaron deudas sus dueños, como el de Almafuerte y Travesía donde tenemos el conflicto de la regularización de las tierras que habitamos”.

La maestra aclara que cuando llegaron al lugar hace años “tuvimos el problema de que no estaban los dueños, en este caso de Julio Blanco Durán, por lo que investigamos donde podía estar y resultó que no existía más. Por eso la provincia quedó en que nos iba a regularizar la posesión. Es el predio entre avenida de la Travesía, Almafuerte y Reconquista y tiene una deuda de impuestos municipales y provinciales ” desde hace 35 años”, remarca.

Ofelia recuerda que “en 1998 logramos parar el desalojo impulsado por la Administración Provincial de Impuestos, y por eso esperábamos mucho de esta ley” de acceso a las tierras fiscales que aún no esta reglamentada. La otra parte de los terrenos -ocupada el último lunes en Juan Paso y Travesía- pertenece desde 1990 a Néstor Rozín.

Alberto Yordan, compañero de Ofelia, es miembro de OCASTAFE (Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe), que pelea por la reglamentación de la ley. Tiene es su poder un relevamiento de tierras fiscales en todo el territorio santafesino para reclamar una vez que la misma complete su puesta en vigencia.

Yordan, como el resto de los dirigentes de la comunidad, reclama además “la inclusión de los derechos del pueblo indígena que falta en la Constitución provincial”. El dirigente se muestra entusiasmado con la posibilidad que el municipio urbanice el sector ocupado por su comunidad, abriendo calles, llevando energía eléctrica y cloacas, según explicó a este diario la titular del Servicio Publico de la Vivienda Maria Isabel Garzia. “Sería importantísimo este trabajo. Si se inicia vamos estar muy felices, porque tenemos una escuela dentro de nuestra comunidad y cuando llueve mucho los chicos se ensucian demasiado y uno termina llevando la mugre donde va. También nos catalogan como focos de infección porque los pozos ciegos se desbordan cuando llueve. Es un problema grave en una ciudad importante como Rosario. Por eso pedimos que nos regularicen esta situación y porque además estamos en condiciones de aportar para el estado”.

Durante la última semana, con la ocupación de tierras a manos de la comunidad toba, muchos rosarinos desplegaron -sin culpa- su desconfianza, recelo y hasta desprecio hacia este asentamiento indígena. En este sentido Ofelia Morales reconoce que “algunos vecinos nos respetan, pero otros desconocen la presencia indígena, quizás porque han estudiado con los mismos libros que desde hace años dicen que la conquista del desierto ha aniquilado a todos los indios, pero lo ignoran y se debe al desconocimiento total de nuestra cultura. Pero por nuestra parte respetamos muchos a quienes viven en esta ciudad, a la que amamos y en la que queremos tener diálogo con todas sus instituciones”.