Una muerte y una tentativa de homicidio complican a Araya

El juez de instrucción de Santa Fe Darío Sánchez rechazó el planteo de la defensa de Emanuel Araya, ex líder de la Uocra Santa Fe, quienes habían solicitado el sobreseimiento de su pupilo en el marco de una causa en la que se lo vincula al homicidio de un delegado obrero llamado Juan González, asesinado en Alto Verde en abril de 2010. Los abogados Luis Hilbert y Roberto Busser solicitaron el dictado del auto de sobreseimiento pero Sánchez lo rechazó, al mismo tiempo que fijó un plazo de 18 meses para colectar las pruebas suficientes para incriminar a Araya o desvincularlo del terrible hecho.

 

Juan González, tenía 27 años el 13 de abril de 2010, cuando falleció desangrado en el Hospital José María Cullen. Hasta el nosocomio había llegado luego de ser  herido de gravedad en la zona del terraplén de la manzana siete  del distrito costero de Alto Verde. Los investigadores deberán establecer nuevamente por qué González se trasladó hasta ese lugar, luego de un paso por la sede sindical de calle Ituzaingó 2043, de la ciudad capital.

 

González era delegado del obrador sobre la ruta nacional 19, pero la conducción de entonces, encabezada por Horacio Lemos y Luis López, le propusieron que cumpla trabajaos de escritorio en el gremio para asesorar a trabajadores de l rubro. Así, de mañana y por la tarde, el joven González se trasladaba desde Santo Tomé, donde vivía, hasta la sede de la Uocra. El 13 de abril salió del edificio ubicado en barrio Candioti sin dar muchos detalles, mientras se desarrollaba una reunión de más de 50 delegados en el lugar.

 

Algunos testimonios dan cuenta que tras la partida de González, se los vio salir del gremio a Emanuel Araya, entonces secretario de Actas y a Eduardo Leiva. La investigación, que estuvo en manos de los jueces Susana Luna y  Diego de la Torre dejó 18 días a Araya tras las rejas, pero luego el magistrado le dictó la falta de mérito. Leiva estuvo más tiempo detenido, pero recuperó la libertad después de varios planteos de nulidad de su defensa, que cuestionaron – básicamente – la extensión de la prisión preventiva sin que resolviera su situación procesal. La queja subió a la Cámara de Apelaciones que apartó a Luna de la causa por haber adelantado opinión, tras lo cual Leiva recuperó la libertad.

 

La muerte de González despertó varios interrogantes, entre los cuales se sospecha que su homicidio responda a un ajuste por las denuncias que el joven delegado habría comentado a sus jefes del sindicato, entre las que se destacaban la posible comercialización de drogas en el delibery de  comidas -que la misma Uocra organizaba en sus distribución- y la retención indebida de la primera quincena a los trabajadores que recién se empleaban en las empresas de la zona. Luego de ser notificado del rechazo del juez al pedido de los representantes de Araya, el abogado por la parte querellante, Carlos Renna, solicitó una batería de medidas, entre ellas la detección de ADN entre las prendas que tenía González al momento de producirse el hecho que acabó con su vida. La ropa del joven asesinado está secuestrada en el juzgado.

 

“Dejá de joder con Araya”

 

El juez Darío Sánchez  también investiga si Araya ordenó o alentó la golpiza brutal al obrero Miguel Giménez, quien el 1 de agosto del año pasado recibió un puntazo en su pierna, realizado con una “faca” o cuchilla larga. Aquella vez, Giménez fue a trabajar en una obra en el norte de la ciudad pero un grupo de matones, identificados en el espacio que lidera Araya, lo persiguieron hasta una panadería cercana a la Granja de la Esmeralda – donde el obrero fue a cumplir su jornada – y lo molieron a palos. Un puntazo fue directo al pecho, pero el albañil con destreza lo esquivó con su brazo. En el piso, indefenso y golpeado por un grupo de violentos, sintió el ardor en la pierna y mucha sangre. El cuchillazo lanzado por Omar Antonio Silva había penetrado su pierna a la altura del aductor. Silvia, fue procesado por Sánchez el 5 de julio pasado por “tentativa de homicidio”  y está preso. Hasta el procesamiento era defendido por los abogados Paulazzo y Mohamad, pero luego quedó bajo el asesoramiento de Luis Hilbert y Roberto Busser, los mismos que defienden a Araya en varias causas. La conexidad que investiga el magistrado entre este hecho y el líder díscolo de la Uocra surge de los mismos dichos de Giménez, que en su testimonial relató que el día anterior a la agresión, una patota lo fue a buscar a su casa, en calle Estrada al 6.300. El grupo, portando armas de fuego, le espetó: “no jodas con Araya ni con el sindicato, mañana no vayas a la obra porque vas a cobrar vos y tu familia”. Los matones cumplieron al día siguiente y el albañil salvó su vida de milagro.