UNA NUEVA BURLA A LOS SANTAFESINOS

A escasos días de cumplirse el tercer aniversario del crimen hídrico del 29 de abril de 2003, la justicia santafesina, mediante una resolución teñida de tinte electoral, dictada por el Juez de Instrucción Jorge Patrizi, acaba de dictar la falta de mérito de Carlos Alberto Reutemann, el principal responsable político de las 23 muertes oficiales provocadas por el ingreso del río salado, en aquella trágica jornada.

“En el marco de la causa que investiga posibles responsabilidades humanas en las inundaciones de 2003, el juez de Instrucción, Jorge Patrizi, procesó al ex intendente Marcelo Alvarez; al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli; y al ex titular de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti, por el delito de estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas. Asimismo, sostuvo que no existen elementos suficientes como para sospechar de Carlos Alberto Reutemann, y dictó la falta de mérito para Carlos Gómez Galissier, José D’Ambrosio, Carlos Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Bounous y Alejandro Alvarez Oporto”, dice la fría crónica periodista del vespertino local santafesino de una fecha oscura para todos los ciudadanos santafesinos que aspiran a vivir en una atmósfera donde el delito y la corrupción institucional no sean la regla, como desde hace más de 20 años viene sucediendo.

No es necesario discutir si Reutemann fue responsable, como gobernador, por la existencia de una obra inconclusa al momento de ingresar el río Salado. Ni siquiera eso.

Hay argumentos irrefutables. Reutemann, como gobernador, era el máximo responsable de la defensa civil de la provincia, de acuerdo a una norma que lo establece claramente: el decreto ley 8094/77. Como jefe de la Administración Pública Provincial Reutemann debería haber dispuesto medidas relacionadas a la evacuación. Pero la estrategia judicial del PJ, que coincide que la actual resolución del magistrado, reservó al ex Intendente Marcelo Alvarez esa responsabilidad.

Dijo Patrizi, a través de una resolución que trascendió en la prensa “en ningún momento, el gobierno (provincial) tomó a su cargo la Defensa Civil de la ciudad de Santa Fe; recién dispuso la creación de un órgano de asesoramiento, ejecución y control de la defensa civil el 02/05/03, que podría decirse específico para la emergencia que estaba asolando a la región -aunque no exclusivo de la ciudad de Santa Fe-, puesto que el Comité de Emergencia operaría en la zona establecida por el decreto 963/03 es decir no solamente en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, sino también en las demás localidades afectadas pertenecientes a los siete departamentos que refiere el decreto, por más que se haya invitado solamente al intendente de la ciudad de Santa Fe a participar del Comité. Queda claro así que el encargado de las tareas de evacuación, por lo menos hasta el 02/05/2003 en esta ciudad era el intendente de la ciudad”.

La ley de Defensa Civil, sin embargo contradice claramente lo establecido por Patrizi para dictar la falta de mérito de Reutemann. En su artículo 3, referido a la responsabilidad del gobernador, establece que “El Gobernador de la Provincia tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, control y dirección de la defensa civil y eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial”.

Queda claro, por las 23 muertes ocurridas el 29 de abril de 2003, que Reutemann no cumplió ninguno de sus obligaciones. Ahora este juez, en una pusilánime y cómplice resolución, desconoce lo que claramente dice una ley provincial, respecto de las obligaciones que les compete a los funcionarios. Como para aclarar perfectamente las delimitaciones funcionales, el decreto ley 8094/77 dice en su artículo 7, referido a la “responsabilidad de los intendentes municipales y los presidentes de comuna”: “Los intendentes municipales, dentro de su jurisdicción territorial, tendrán la misma responsabilidad que la establecida en el artículo 3° para el Gobernador de la Provincia, debiendo cumplir las directivas e instrucciones que éste imparta”.

¿Por qué si Carlos Reutemann debía impartir directivas a Marcelo Alvarez para cumplir los fines de esta norma, y tenía la misma responsabilidad funcional, es beneficiado con una resolución judicial vergonzosa impartida por Patrizi?

La respuesta es clara. La justicia, en la provincia de Santa Fe, solo encarcela a los hombres de a pie, pero cuando debe juzgar a funcionarios y amigos del poder, mira para el costado. Porque la “justicia” de Santa fe, es, ante todo, una justicia de clase. Código Penal para los pobres, Código Civil para los ricos.

Esta resolución es una vergüenza más de un Poder Judicial moldeado a imagen y semejanza de los ladrones de guante blanco de esta provincia.

Un Poder Judicial que todos los santafesinos debemos cambiar, para empezar a escribir otra historia en la provincia.