UNA PRIVATIZADA USÓ UN POLÉMICO ARGUMENTO EN UN JUICIO AL ESTADO

La crisis en la Argentina duró tres días (de diciembre del 2001). No fue social ni política sino económica y sólo costó 20 muertos, los mismos que mueren en una autopista.

Esta fue la principal línea argumental a la que recurrió el abogado británico Nigel Blackaby, líder del equipo legal de la empresa norteamericana CMS, para intentar subestimar “el estado de necesidad” que plantea el Estado argentino para rechazar el pago de una compensación de 265 millones de dólares a esa empresa.

CMS exige esa cifra para reparar “la expropiación” que dice le significó la pesificación posterior al 2001 para sus ganancias como socio minoritario en la empresa transportadora de gas TGN.

En el austero salón de la planta baja del Banco Mundial en esta ciudad, ayer a la mañana se inició el juicio de arbitraje entre ambas partes que se celebra en el marco del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El clima era tenso y sin mutuas concesiones. No se permitían interrupciones. Pero la interpretación histórica de Blackaby sobre la crisis argentina irritó hasta tal punto al equipo legal argentino que el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, los llamó a la calma. La respuesta argentina fue técnica: una montaña de gráficos y estadísticas agobiantes sobre la crítica situación social y económica del país. “Una defensa técnica”, a la que el ministro Rosatti le agregó cierta emocionalidad en su ponencia, con cifras sobre cómo aumentaría la pobreza si aumentan las tarifas de los servicios públicos.

“Esto recién empieza”, advirtió el ministro Rosatti. “Vamos a dar batallas en todos los frentes: el académico, el jurisdiccional. Argentina quiere renegociar (con las privatizadas) y no que se juegue a dos puntas”, insistió.

Las sesiones del CIADI son confidenciales, según sus reglas, pero el Gobierno las cuestionó. Rosatti las puso a prueba cuando llegó a la sede de la Avenue de Iena con un malón de periodistas y fotógrafos, ante el asombro primero y la irritación después de la empresa de EE.UU.

Rosatti dijo que esa confidencialidad viola la obligación de transparencia de sus actos públicos como funcionario. Su intención era que los periodistas escucharan las ponencias y que éstas fueran publicadas en Internet.

Pero con una incómoda sonrisa, Margaret Stevens, en nombre del CIADI, informó que para que la prensa pueda estar presente debe “haber acuerdo de partes” y como no había tal acuerdo, los periodistas debían retirarse.

El equipo legal de CMS derivó todas las consultas a la central de la empresa en Jackson, Michigan, EE.UU. Desde allí un vocero respondió: “sin comentarios.”

El CIADI es el tribunal arbitral al que las privatizadas apelan en sus disputas comerciales con el Estado. La demanda de CMS puede ser un caso testigo para testear las aguas en el CIADI para el resto de las otras 31 empresas en procesos contra el Estado por el problema de tarifas tras la salida de la convertibilidad.

Una y otra parte saben que el CIADI es un instrumento de presión en la dura renegociación entre las privatizadas y el Gobierno por los contratos y las tarifas. CMS no se amilana ante las amenazas gubernamentales de decretar un hipotético nulo laudo arbitral si no es favorable y el Estado argentino prefiere un final feliz y no traumático.