UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LA LICITACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

Los ingresos de las empresas no provendrán de la venta de pasajes sino de los kilómetros recorridos; se creará un organismo para el transporte público, descentralizado y autárquico de carácter técnico y profesional para diseñar los recorridos, proponer tarifas, controlar el sistema y fiscalizar la calidad de la oferta; la función recaudadora estará separada de la operación de colectivos. Por estos tres ejes pasa la propuesta que impulsa en el Concejo Municipal Noelia Montaño de Chiementín (ARI) y que ayer fue presentada a la prensa.

Como todavía no se debatió en el cuerpo deliberante el mensaje oficial para la licitación del servicio, para la concejala resulta una buena oportunidad para evaluar esta alternativa, que aún no tomó forma de proyecto de ordenanza pero que será puesta a consideración del resto de las fuerzas políticas.

El objetivo perseguido es “pensar en toda la ciudad, en su futuro crecimiento y en que los pobladores tengan acceso garantizado al servicio”. Una de las principales preocupaciones expuestas por Chiementín es la incertidumbre en el costo del boleto, cuestión que impacta fuertemente en la población cada vez que el precio se modifica, y la posibilidad de que todo el territorio santafesino, incluso los barrios del oeste, tengan garantizado el ingreso de colectivos.

Además, aseguró, se toma como base la experiencia desarrollada en otros países y ciudades de América latina y en el país. La concejala señaló que esta propuesta se aplica en Mendoza a nivel provincial y está en estudio en Corrientes.

En la rueda de prensa estuvo presente el diputado provincial del ARI, Antonio Riestra.

“Más transparencia y control”
“Entre nuestras propuestas figuraba la creación de una línea municipal que sirviera de testigo de lo que realmente cuesta el transporte en la ciudad”, señaló la edil. Ahora -agregó- “apuntando a la transparencia y a no tener que levantarnos un día con el boleto a otro precio, estamos hablando de sacar de la discusión de los empresarios el tema del costo de la tarifa y tomar otra medida que es el pago del kilómetro de recorrido”.

La propuesta impulsa también la creación de un organismo descentralizado, autónomo, autárquico, encargado de vender las tarjetas y controlar los recorridos, y de pagar a las empresas “porque va a manejar las tarjetas y a descontar los subsidios correspondientes”. Los cargos para este organismo se elegirán por concurso y además contará con un consejo asesor ad honorem del que participarán el municipio, los usuarios, empresarios y trabajadores.

El tercer eje es la separación de la función recaudadora de la operación de colectivos, de manera que el organismo -por sí o a través de un agente fiduciario- será el encargado de centralizar la recaudación, emitir tarjetas, distribuirlas. Proveer una red de recarga, administrar fondos y realizar pagos.

Para Chiementín, la demora que registra el tratamiento de la licitación que fijará las reglas del servicio por diez años, resulta una oportunidad para impulsar esta propuesta. Esta incluye la incorporación de tecnología que facilite la tarea de control y gestión como el GPS, detección de cantidad de pasajeros, seguimiento de los recorridos y transmisión on line.

“Acá nunca se pudo saber bien cuántos boletos se cortan por año y cuál es el costo. Un ciudadano se levanta hoy y sorpresivamente el boleto es de $ 1,15”, señaló Chiementín y definió como “una oportunidad histórica” el debate de su propuesta.