UNA VISITA GUIADA POR LA COCINA DE LA CONVENCIÓN

Habría que revisar las teorías tradicionales sobre la construcción de las leyes y la interpretación de las mismas, dice Elisa Carrió, que saltó al primer plano de la política nacional en la Convención Reformadora de 1994, en esta ciudad.

“Muchas veces, las normas más importantes son producto de la casualidad histórica, del empuje de algunos y de la absoluta ignorancia de otros”, define. Y la exposición con la cual sustenta esta aseveración, realizada anoche en el marco del curso de actualización constitucional organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, saca a la luz el revelador anecdotario que jalonó aquellas intensas jornadas y establece vínculos directos entre ellas y sus consecuencias actuales.

El vacío que le hicieron los 70 convencionales radicales -con la solitaria excepción de Raúl Alfonsín-, por oponerse al Pacto de Olivos, llevó a recluirla en una comisión a la que no se asignaba importancia, la de Tratados Internacionales. “Lo único que tenía que definir era si la ley era superior a los tratados, igual o inferior. Se suponía que esa comisión no iba a hacer ningún daño. Y fue la que redactó la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos que, a mi criterio, es la norma más importante de la reforma constitucional”, aseveró.

LA CUESTION DE LOS TRATADOS

“Nosotros decidimos que había que llevar a jerarquía constitucional los tratados internacionales en derechos humanos”, comentó Carrió. “Éramos absolutamente inconscientes de que estábamos produciendo un hecho que iba a cambiar el sistema jurídico argentino y teníamos la inocente confianza de que no se iban a dar cuenta”, agregó, aludiendo a los “comisarios” -como Rodolfo Barra- que los dos grandes partidos pusieron en la comisión redactora del texto final, para garantizar que no se filtrase nada inapropiado a sus fines.

El primer intento por otorgar operatividad directa a las normas contenidas en los tratados internacionales y admitir la jurisdicción de tribunales supraestatales al respecto, desató una verdadera lucha de poder, al intervenir lo que llamó “los lobbies de los grandes grupos periodísticos” para bloquear el derecho a réplica. Las presiones en los distintos bloques llevaron a la amenaza de muchos convencionales de retirarse de la asamblea y obligó a negociar.

En este marco apareció también la fuerte ofensiva -canalizada por Barra- para incorporar una norma anti-aborto. Como no hubo consenso al respecto, la aprobación del tratado sobre Derechos del Niño -firmado por nuestro país con una cláusula de reserva de protección de la vida desde su concepción-, quedó acompañada por una referencia a las “condiciones de su vigencia”, fórmula ambigua que derivó a los jueces la interpretación definitiva.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

El tema de la jerarquía de los tratados puso en jaque a la propia convención y se trató en una sesión premeditadamente escandalosa, que estuvo a punto de fracasar y a la que, inconscientemente, salvó el presidente del cuerpo, Alberto Pierri, cerrando el debate y llamando a votación.

Al amparo de esta normativa, luego se pudo otorgar jerarquía constitucional al Tratado sobre la Desaparición Forzada de Personas. Presentado como un proyecto “en memoria de los desaparecidos”, sin discursos explicativos y con el silencio cómplice de la prensa, fue votado incluso por Aldo Rico y Antonio Bussi y consiguió la unanimidad. “Gracias a esa ley, las cámaras federales empezaron a investigar la verdad. Y con base en eso, empezamos a pedir la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, relató.

A diez años, Carrió aprende -y enseña- que la ambigüedad normativa muchas veces no es un defecto, sino una estrategia que habilita interpretaciones dinámicas a los jueces. Y que la utopía se templa en la adversidad: “Quienes defienden las mejores causas, tienen que esperar los momentos y poder actuar cuando el régimen se abre y confunde”. Y a veces, valerse de su ignorancia.

Sin acción penal

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, decidió retirar la denuncia penal por calumnias e injurias y el pedido de cárcel contra Elisa Carrió, quien le endilgó haber sido el “cajero” de los aportes en negro de la campaña presidencial de Néstor Kirchner y hacer negocios con las empresas de servicios públicos privatizados.

En una carta que difundió a los medios, De Vido hizo saber que el presidente le sugirió retirar la acción penal -iniciará otra civil, reclamando indemnización-, de modo que nadie pueda decir que el gobierno nacional “busca encarcelar a los opositores”. De todos modos, insistió en quejarse de esa interpretación y asegurar que “sólo he reclamado una sanción para quien me injuria y me calumnia”.

La propia Carrió se enteró de la noticia ayer en Santa Fe y no pudo reprimir la risa. “Voy a tener que devolver el camisón de interlock celeste a rayas”, que, según aseguró, se había comprado para el caso de ir presa. Al respecto, también había bromeado declinando la compañía de María Julia Alsogaray y expresando su deseo de contar con la de Giselle Rímolo.

En cuanto a De Vido, le dedicó un lapidario comentario final: “Del único lugar del que nunca se vuelve es del ridículo”.