UNAS 20 ONGS RECHAZARON EL PLAN DE CARRANZA PARA OLIVEROS

Una veintena de instituciones de toda la provincia firmó ayer un comunicado por el cual expresan su oposición a los proyectos que el Ministerio de Gobierno quiere implementar en el neuropsiquiátrico de Oliveros, adonde se pretende derivar presos menores con problemas de adicciones. “Exigimos a la provincia que desista en su intento de convertir una parte de la Colonia Psiquiátrica en una nueva cárcel”, señalaron las entidades, y convocaron a la comunidad a “repudiar este proyecto y apoyar las medidas de resistencia”.

La postura de estas entidades ya había sido expresada, por ejemplo, en el caso de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y el Colegio de Psicólogos. Ayer se sumaron ATE Rosario y ATE Santa Fe, UPCN, el consejo directivo de la Facultad de Psicología, el Centro de Estudiantes de Psicología, Trabajadores de la propia Colonia de Oliveros, el Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila, los trabajadores de este centro, el Movimiento de los Trabajadores de la Salud Mental de la provincia, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, la Sección Derecho Penitenciario, CIDH, Facultad de Derecho, el hospital Mira y López de Santa Fe, Asociación Madres de Plaza Mayo, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, el Colegio de Trabajadores Sociales de Rosario, el área de Antropología Jurídica de la UNR y la Dirección de Salud Mental municipal de Rosario.

El comunicado considera “un verdadero retroceso histórico volver a un dispositivo cárcel-psiquiátrico, propio del siglo XIX, una de las formas más aberrantes de violentar los derechos esenciales de las personas y su dignidad”. También se critica la falta de una “verdadera política criminal que apunte a resolver las condiciones de detención” de los presos en la provincia y las “soluciones mágicas que lo único que han producido es la agudización y traslado de la problemática a otros ámbitos, como lo demuestra la conversión de Coronda en una megacárcel con trágicas consecuencias de motines, muertos y heridos”.

Respecto de la propuesta del ministro Carlos Carranza, la consideraron “absolutamente incompatible” con la experiencia que se desarrolla en Oliveros. “Esa idea para resolver la emergencia carcelaria no contempla las consecuencias que a corto y mediano plazo puede tener sobre la sociedad en general y sobre las poblaciones hospitalizadas y privadas de la libertad. No hubo espacio de diálogo con los sectores involucrados, lo cual pone de manifiesto la inexistencia de un proyecto con sustento científico y teórico además del absoluto desconocimiento de la realidad existente en la colonia de Oliveros”.

“No existe legitimidad política -se agrega- por parte de un gobierno que pretende resolver en los últimos 30 días de gestión lo que no ha podido hacer en 4 años de desgobierno. La primera medida que debiera ejecutar el Estado provincial es cumplir con la legislación provincial, nacional e internacional en salud mental y en cuanto a personas privadas de la libertad”.