UNO DE LOS ASESINOS DE CABEZAS, A PUNTO DE RECUPERAR LA LIBERTAD

El hornero José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, podría recuperar su libertad dentro de 12 días, beneficiado por la “ley del dos por uno”, informó ayer su defensor Fernando Burlando, pero el gobierno nacional anticipó que impulsará “una acción de respaldo legislativo” para que no se aplique ese beneficio.

El anuncio se realizó en Casa de Gobierno, luego que el presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, recibieron a Norma y José Cabezas, los padres del reportero gráfico asesinado.

Por su parte, el codefensor de Auge, Fabián Améndola, presentó ayer un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Dolores para que el Servicio Penitenciario bonaerense informe sobre la conducta del detenido, ya que con el tiempo cumplido en prisión y por el sistema dos por uno, el 19 de abril puede ser beneficiado con la libertad condicional.

Conocida la noticia, Alejandro Vecchi, abogado de la familia Cabezas, manifestó que la liberación de Auge “es una locura, un disparate, un bochorno internacional”.

El ministro Beliz, les prometió en la tarde de ayer en conferencia de prensa a los padres de Cabezas que por pedido del presidente Néstor Kirchner apelará a un recurso legislativo para evitar la liberación.

Beliz anunció “una acción de respaldo legislativo para que no se aplique de manera obtusa e indebida la ley del dos por uno que posibilitará la libertad de uno de los asesinos de Cabezas y luego del resto de la banda de los horneros”.

Para la familia de Cabezas y para el gobierno nacional, la legislación del “dos por uno” se estaría computando de un modo indebido si se realiza por los años transcurridos desde la sentencia que condenó a los asesinos de José Luis Cabezas, el 2 de febrero de 2000.

“Si a partir de esa fecha hasta hoy, donde hay algunos recursos pendientes, se aplicara este recurso sería una aberración desde el punto de vista judicial y sería una liberación inapropiada”, expresó Beliz.

La libertad de Auge podría configurarse “a través de una serie de artilugios, desde el punto de vista de la interpretación obtusa e inapropiada de la ley y una serie de pasos judiciales que resultan totalmente inconvenientes y se constituyen en una suerte de garantía para la impunidad de este caso”, expresó el ministro.

Auge fue detenido el 19 de abril de 1997 y sometido al proceso por el cual finalmente fue condenado, de manera que si finalmente accede a la libertad condicional el 19 de abril próximo, habrá cumplido exactamente siete años de detención por el caso.

Burlando, en tanto, anunció que también solicitará una audiencia presidencial para pedirle a Kirchner que “garantice que se cumplan las leyes y se haga justicia”.

Auge es uno de los cuatro delincuentes conocidos como los horneros, debido a que son oriundos del barrio platense de Los Hornos, que fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del fotógrafo el 2 de febrero de 2000.

No obstante, el 13 de noviembre de 2003, la Cámara de Casación bonaerense le modificó la carátula por la que había sido condenado y le rebajó la condena a 18 años de prisión.

Con la medida que lo benefició, con el tiempo cumplido en la cárcel sin condena firme -está apelada ante la Suprema Corte provincial- y gracias al sistema dos por uno, está en condiciones de solicitar la libertad condicional dentro de 12 días, según los cálculos de su defensa.

Auge había sido condenado a prisión perpetua en un juicio oral en Dolores, junto a sus cómplices Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González y Héctor Miguel Retana (murió en prisión) y el jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos.

En el mismo debate oral, fueron condenados a reclusión perpetua por el secuestro y asesinato del reportero gráfico registrado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, los ex oficiales de la policía bonaerense Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta.

En el fallo de Casación también se redujeron las condenas de Ríos, a 27 años, las de González y Braga, a 20, y las de los policías Camaratta y Luna a 25 y 24 años de prisión, respectivamente.

La única condena que no fue revisada por Casación fue la de Prellezo, ya que ese recurso fue rechazado en su momento por “extemporáneo” y la defensa recurrió, por ello, a la Suprema Corte de Justicia provincial, donde actualmente es evaluado.