UNOS 500 INMIGRANTES ARGENTINOS EN HUELGA DE HAMBRE EN BARCELONA

Unos 500 inmigrantes argentinos que tramitan la residencia legal en España realizan desde el sábado último una huelga de hambre en iglesias y centros sociales de Barcelona. Ayer, recibieron el apoyo de diversas organizaciones sociales que reclaman al gobierno español “mayor flexibilidad” en el proceso de regularización.

Mañana se realizará un concentración que contará con la solidaridad de un centenar de agrupaciones, entre ellas SOS Racismo, la CNT (Central Nacional de Trabajadores), CGT (Central General de Trabajadores), Mesa permanente para los Derechos de los inmigrantes y Plataforma antiglobalización, entre otras.

Los inmigrantes reclaman la “flexibilización” del proceso de regularización de residencia, la ampliación de los plazos, ya que finaliza el 7 de mayo, la concesión de renovaciones denegadas “injustamente”, la “libertad de compañeros detenidos”, y que el padrón no sea el único documento válido para comprobar la estancia en España.

Un argentino que hace dos años vive en España y cuya situación está legalizada, se sumó ayer a los reclamos y consideró que “es necesario llegar a la gente, a la sociedad civil, y como sabemos que los medios tienen otros intereses tenemos que buscar otras formas de hacer visible esta lucha”.

A pesar de estos reclamos, el gobierno español se niega a concertar una cita con los inmigrantes encerrados en huelga de hambre, no acepta ningún tipo de diálogo ni se muestra interesado en solucionar esta situación, que pone en riesgo la vida de medio millar de quienes no son ciudadanos europeos.

Por su parte, el titular del Casal Argentino en Barcelona, Diego Arcos, dijo que no comparte el método de lucha de la huelga de hambre y la toma de locales porque considera que “es una manera de aislarse cuando lo que tenemos que buscar ahora es la adhesión de la población”.

El cónsul general adjunto de Barcelona, Carlos Arzani, señaló que informó a la cancillería argentina sobre la huelga de hambre que realizan los argentinos y dijo que la Defensoría del pueblo de España pidió mayor flexibilidad al gobierno español en la tramitación de la documentación para obtener la residencia legal.