UNOS DOCE MUNICIPALES NO TIENEN DESTINO NI FUNCIÓN DESIGNADA

Alrededor de una docena de empleados municipales está desde hace dos años cobrando sus sueldos sin trabajar. Se trata de un grupo que fue trasladado del Concejo en febrero de 2002 y que desde entonces no fue reubicado en ningún lugar a pesar de que ellos mismos sugirieron un probable destino. El grupo firma todas las mañanas una planilla de asistencia en el Sindicato Municipal o en la Dirección de Personal de la Intendencia y espera pacientemente el día de cobro. El tema preocupa al secretario general del sindicato, Néstor Ferrazza, quien hoy se reunirá con el secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Zabalza, para intentar encontrar una solución.

Los cerca de doce empleados forman parte del masivo grupo de 133 municipales que fue trasladado del Concejo a mediados de febrero de 2002 en medio de un proceso de reestructuración encarado por la gestión de Norberto Nicotra al frente del Palacio Vasallo.

Pero si bien la mayoría fue reubicada en las secretarías de Gobierno, Salud y Servicios Públicos, a dos años de aquella movida aún hay gente que no tiene un destino asignado dónde trabajar.

Es más, estos empleados habían sugerido el año pasado un probable lugar donde desarrollar sus funciones, pero la iniciativa no fue tenida en cuenta por los concejales.

La idea planteada fue que se los reasignara a una nueva dependencia que se encargaría de controlar y reglamentar a los consorcios de los edificios rosarinos y que funcionaría bajo la órbita de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Al menos eso es lo que prevé la ordenanza que fue aprobada por el Concejo en marzo de 2002 y que hasta el momento no se puso en práctica.

“Esto es una verdadera vergüenza. Yo pedí en más de diez oportunidades que se pusiera en práctica esta norma y hasta ahora no obtuve ninguna respuesta”, se quejó Federico Steiger, impulsor y mentor de la ordenanza.

El edil explicó que “el Registro Público de Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal iba a ser reglamentado y fiscalizado por personal de la Oficina de Defensa del Consumidor”, y recordó que “algunos empleados que fueron trasladados del Concejo y no tienen dónde trabajar, habían sugerido que se los destinara a esta dependencia”.

Sin destino
La iniciativa de los empleados generó idas y vueltas en el Palacio Vasallo y disparó arduos debates en diferentes reuniones de la comisión de Labor Parlamentaria. El problema que enfrentó a los ediles fue que si estos empleados ingresaban a la órbita de Defensa del Consumidor, el pago de sus sueldos saldría de los fondos del Concejo, ya que esa repartición depende del Palacio Vasallo.

No obstante, Steiger consideró que “los sueldos salen todos del municipio, ya sea del Ejecutivo o del Concejo, y además es mucho peor que estén cobrando sin trabajar”.

Ferrazza, en tanto, aseguró que “el grupo que aún no fue reubicado es muy pequeño. Deben ser diez o doce”, estimó y explicó que “algunos de ellos fueron asignados a distintas dependencias pero no se adaptaron, otros están iniciando los trámites jubilatorios o están con parte de enfermo y otro grupo está realizando cursos de capacitación”.

El gremialista estimó que “en 30 o 60 días estarán todos reubicados” y se mostró esperanzado en que el tema se terminará de solucionar en la reunión que hoy mantendrá con Zabalza. Es más, el propio secretario de Gobierno adelantó ayer a La Capital que el probable destino de esta docena de personas “es una cuestión que Ferrazza planteó con suma inquietud”.

El titular del sindicato municipal recordó que “Concejo e Intendencia habían acordado que este grupo iba a ser asignado a la oficina que controlaría los consorcios, pero hace más de dos años que estamos esperando y no pasa nada”.

El año pasado la oficina que deberá fiscalizar a los consorcios rosarinos fue puesta bajo la órbita de la Intendencia, por lo que es el Ejecutivo quien debe decidir si finalmente se pondrá en marcha esa dependencia.

Un recorte conflictivo
La reestructuración de la planta de personal permanente que integraba el Concejo Municipal se llevó adelante a mediados de febrero de 2002 y fue impulsada por el propio cuerpo legislativo. El recorte consistió básicamente en una derivación de empleados desde el Palacio Vasallo a la órbita del Ejecutivo.

Hasta ese momento, la planta permanente del Concejo tenía 207 empleados y el proyecto fue reducirla a no más de 65. Finalmente, y entre idas y vueltas, se trasladó a 125 municipales. Claro que en el medio se produjo un arduo conflicto entre empleados y concejales que incluyó hasta la colocación de carpas de protesta en la puerta del Palacio Vasallo.

Por esos días se multiplicaron las pintadas en las paredes del Concejo y un grupo de empleados hasta difundió una lista con los teléfonos celulares de algunos ediles para que “la gente les diga lo que piensa de ellos”.

Lo cierto es que hoy, a dos años de aquella reestructuración, al menos una docena de municipales aún no tiene un destino fijo asignado donde trabajar.

Según trascendió, la mayoría tiene altas categorías y entre ellos habría algunos directores. Es más, en la lista figurarían algunos abogados y personal con muchos años de trayectoria en la función pública.

Cada mañana, su rutina consiste en firmar su entrada laboral en la Intendencia o en el sindicato. Después, algunos de ellos se van a sus casas y otros recorren pasillos, aunque por estos días muchos ya comenzaron sus trámites jubilatorios y otros asisten a diferentes cursos de capacitación.

El tema podría empezar a solucionarse hoy, dos años después de aquella gran reestructuración del personal del Concejo.