URIBE OFRECE ARMAS A BAJO PRECIO A LOS CONCEJALES PARA DEFENSA PERSONAL

Si algo faltaba para que la sociedad colombiana avanzara en su proceso de militarización, el gobierno del presidente conservador Alvaro Uribe acaba de dar un paso adelante en esa dirección: le ofreció a los concejales de todos los municipios del país venderles armas para defensa personal, al módico precio de unos 150 dólares.

El arma es un revólver sencillo y de fácil uso que recibirán —los que lo acepten— a través del Ministerio de Defensa y “pagando prácticamente el papelerío y no el arma”, explica la circular oficial que les llegó a los concejales. Eso sí, las balas deberán pegarlas los ediles de su propio bolsillo.

La medida ha generado una fuerte polémica y muchos concejales se han negado a recibir el arma, del mismo modo que hace un año diputados y senadores se opusieron a una medida similar.

“De todas maneras, el arma sólo se entregará previos estudios psicológicos de quienes van a portarla”, aclaró Vicente Llanos, vicepresidente de la Asociación de Concejales del Caquetá, una provincia conflictiva del sur del país, con fuerte presencia de la guerrilla de las FARC.

Según ACNUR, entre 1993 y 2005 fueron asesinados en Colombia unos 850 concejales, alcaldes y funcionarios municipales. En lo que va del año, ya fueron ultimados 18 ediles, de acuerdo a datos de la Federación de Municipios de Colombia, que agrupa a las casi 1.100 municipalidades del país.

La polémica quedó instalada en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de mayo, en la que el presidente Uribe buscará la reelección. El anuncio se produce apenas unos días después del asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente de Colombia y ex secretario general de la OEA, César Gaviria, ultimada el jueves pasado en un intento de secuestro y por el que aún no hay detenidos.

Al crimen de Gaviria se le sumó la aparición del cadáver —el 23 de abril— de Enrique Gómez Velázquez, ex concejal de Bogotá, ex sindicalista y asesor de la senadora electa y opositora a Uribe, Piedad Córdoba.

El cuerpo de Gómez apareció en el Parque Nacional —cerca del centro de Bogotá—, luego de estar desaparecido desde el 21 de marzo, cuando salió a trotar por el bosque. No se ha determinado si fue un asesinato o un accidente, pero en el círculo íntimo de la senadora se sospecha de un crimen con connotaciones políticas.

Para poner más en jaque al “caballito de batalla” de Uribe —su política de Seguridad Democrática—, el viernes por la noche fue secuestrado en el interior del país Juan Carlos Lizcano, de 23 años, hijo del ex congresista Oscar Tulio Lizcano, en poder de las FARC desde el 5 de agosto de 2000. Al parecer, estaría en manos del Ejército Popular de Liberación, el tercer grupo guerrillero del país y con escasa capacidad de desarrollar acciones militares de envergadura.

El propio Uribe admitió el domingo que el secuestro de Lizcano era un golpe a su política de seguridad, con la que ha inundado de militares las principales ciudades del país que, como en esta capital, patrullan las calles, armados, intimidantes y con uniforme de combate.

“Nos encontramos en una situación de seguridad lamentable, muy poco propicia para llevar adelante una campaña electoral”, dijo ayer a Clarín Carlos Gaviria, candidato a presidente del izquierdista Polo Democrático, durante una masiva y colorida marcha en Bogotá por el Día Internacional del Trabajo en la que se fustigó con dureza a Uribe.

“Sin duda que el crimen de la hermana de Gaviria y el secuestro del hijo del congresista golpean duro la imagen de Uribe y su plan de Seguridad Democrática, pero hay que ver cómo reacciona la población: con un manejo hegemónico de los medios que se encolumnan detrás del presidente, es posible que se pida más mano dura en vez de cuestionar la estrategia”, explicó a Clarín el analista político Javier Sanín.

La estrategia de Uribe, desde que asumió en agosto de 2002, ha sido recuperar el control del territorio nacional, gran parte en manos de la guerrilla y de los paramilitares. Aunque en las ciudades “la sensación térmica es de mayor seguridad” —como explica Sanín— en el interior se ha vuelto más vulnerable. Más aún: en cuanto a las FARC, la mayor guerrilla del país, pocos han sido los éxitos que Uribe puede mostrar. Lo mismo ocurre con el narcotráfico que, según fuentes independientes, se encuentra otra vez en franco crecimiento, en niveles similares al año 2000. El Estado destina un 3,3% del PBI (US$ 77.000 millones) a los gastos de defensa y tiene alrededor de 257 mil hombres armados entre policías y fuerzas armadas.