URUGUAY: ANALIZAN AMNISTÍA PARA LOS MILITARES

La información fue transmitida desde la más alta posición del Gobierno uruguayo, reclamando reserva para considerarla. La recibieron altos dirigentes del Partido Nacional, el principal de la oposición. Señalaba que una vez que los mandos militares le entregaran al presidente Tabaré Vázquez el informe con la investigación sobre lo ocurrido con María Claudia García Irureta, nuera del poeta argentino Juan Gelman, a fines de 1976, sus restos y los de otros detenidos desaparecidos serían desenterrados entre el jueves y viernes de la semana pasada.

Iba a ser el primer escalón hacia un cierre de la cuestión de los derechos humanos en Uruguay.

La comunicación, confiada a Clarín por una alta fuente del Partido Nacional, completaba el contexto. El Gobierno encargó a tres historiadores, Pedro Barrán, Alvaro Rico y Gerardo Caetano, escribir una historia oficial sobre lo ocurrido, soporte para el cierre de cualquier forma de revisionismo sobre el tema.

Los historiadores recibieron en julio la comunicación de que tenían presupuesto para financiar cuatro meses de investigación, en su mayor parte, en los archivos de la Cancillería, dijeron fuentes de su entorno.

Ese plazo cierra a fines de noviembre. Y, según ese plan, el 10 de diciembre el presidente uruguayo se presentaría públicamente anunciando una nueva amnistía, general e irrestricta, para todas las violaciones de los derechos humanos entre 1973 y 1985. Lo haría junto a los mandos militares, y entregarían como documento de ese acto, la historia oficial. Hubo otras dos amnistías otorgadas, una en marzo de 1985 a todos los detenidos por subversión y otras acusaciones, y otra en 1989, a los militares.

Con esta información oficial, los dirigentes del Partido Nacional se propusieron acompañar la evolución de los hechos con análisis permanente.

Pero el plan fracasó desde el primer paso dado que la extracción de los restos de María Claudia entre jueves y viernes de la semana pasada falló. Esto les hizo desconfiar de que el Gobierno tuviera la intención oculta en mantener el tema en el primer plano de la atención pública.

Afirman que la semana pasada se produjo un episodio que abonó esa desconfianza.

La interna en el Gobierno entre el moderado ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el radical ex tupamaro ministro de Ganadería y Agricultura, José Mujica, tuvo su episodio más grave desde que asumió la administración de Tabaré.

Desde el estatal Banco República, cuya conducción está a cargo de la gente de Astori, se filtró la información de que un asesor personal de Mujica, y de que el senador oficialista Jorge Saravia —quienes defienden a los endeudados en dólares— tienen ellos mismos deudas elevadas y vencidas con la institución. En el caso de Saravia, la información dijo que el pasivo está a nombre de su madre. La intención fue mostrar la implicancia de los dos colaboradores de Mujica en el tema endeudamiento.

El episodio pasó desapercibido por la búsqueda de los restos de María Claudia y ello impulsó al presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, a declarar públicamente que Tabaré había levantado “una cortina de humo” para esconder las dificultades crecientes de su gobierno, incluido el episodio Mujica.

Esta declaración fue respondida por el secretario de Tabaré, Gonzalo Fernández, respaldando el informe de los mandos sobre la ubicación de los restos de los desaparecidos, y pidiendo a la población tolerancia para esperar los resultados.

Tabaré aseguró el lunes a sus ministros que no había hecho ningún trato con los militares. En el Partido Nacional están convencidos de todo lo contrario.