URUGUAY AUTORIZA LA EXTRADICIÓN DE MILITARES

En una declaración que pone severos límites a la postura de los militares uruguayos, el gobierno de Tabaré Vazquez afirmó ayer que cumplirá con las extradiciones de los oficiales que disponga la Justicia, una posibilidad que había sido rechazada públicamente por el jefe del Ejército, Ángel Bertolotti.

La Justicia uruguaya ratificó en junio la extradición a Chile de los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, sospechosos de haber protegido a militares chilenos que tenían secuestrado a su compatriota Eugenio Berríos, un químico y espía que apareció asesinado en 1995 en un balneario de Uruguay.

Pero el lunes, el general Bertolotti en un discurso ante el propio mandatario, desechó de mal modo la posibilidad de que militares uruguayos sean extraditados. “No necesitamos que nos vengan a enseñar cuáles son las líneas de conducta. No aceptamos ningún tipo de imposición extranjera”, dijo.

El gobierno desbarató esa postura. El subsecretario de Defensa, José Bayardi le dijo al diario El Observador, que, por el contrario, las autoridades cumplirán con las extradiciones de militares que la Justicia disponga.

El jefe militar se reunió ayer con todo su alto mando y los seis ex oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos. No se indicó el temario, pero se descuenta que el eje fue el cruce del gobierno a su discurso.

Berríos, un ex agente de la Policía Secreta (DINA) de Augusto Pinochet, trabajó en el desarrollo del letal gas sarín y estudió diversos métodos para asesinar a opositores políticos. Fue sacado de su país en 1991 por militares chilenos para evitar que declarara en un juicio por el homicidio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, en el marco del Plan Cóndor.

Al llegar al Uruguay, permaneció oculto primero en Montevideo y luego en el balneario de Parque del Plata, a 44 kilómetros de la capital. Al parecer, Berríos no soportó la clandestinidad y se pasó de drogas y alcohol.

Se escapó de la vivienda, donde estaba vigilado por militares uruguayos, y fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando denunció en un puesto policial de Parque del Plata que estaba secuestrado y temía por su vida.

La Policía devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido. Cuando la presencia de Berríos en Uruguay y su pedido de ayuda fue difundida por el semanario Brecha en 1993, algunos medios mostraron una fotografía del químico en Europa. Pero se trató de una operación para confundir, porque Berríos no salió de Uruguay. Su cadáver fue descubierto en abril de 1995 semienterrado en una playa de El Pinar, 28 kilómetros al este de la capital, maniatado y con dos balazos en el cráneo.

Durante un proceso judicial en Chile, seis militares chilenos fueron inculpados en octubre de 2002 por el secuestro y asesinato del bioquímico. En diciembre de 2003, el juez chileno Alejandro Madrid también sometió a proceso a los tres militares uruguayos, involucrados en el crimen de Berríos, y dispuso pedir su extradición a las autoridades de Montevideo, que la aceptaron.

Bayardi no sólo habló de la posible extradición de los militares, sino que el martes también había marcado cuál será la política de Tabaré en relación a los militares. Dijo que todos los citados deberán comparecer ante la Justicia y que “antes se protegía el desacato” desde la cúpula militar.

Catorce causas judiciales, ocho de ellas en Uruguay y seis en el exterior, implican a civiles, militares y policías de este país en casos de violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Vázquez considera fuera de los alcances de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado aprobada en 1986 y plebiscitada en 1989. La interpretación que el gobierno hace de esa ley excluye casos como los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires en 1976.

También el caso del secuestro en Buenos Aires de María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman. Según el Ejecutivo, esa ley tampoco ampara a civiles ni a militares que violaron derechos humanos antes del 27 de junio de 1973, fecha del golpe de Estado. Además, dijo que hará cumplir su artículo 4, que ordena al Ejecutivo investigar las desapariciones de ciudadanos y el robo de niños.