URUGUAY MANTENDRÁ LA LEY DE PUNTO FINAL QUE FRENA JUICIOS A REPRESORES

No está en los planes inmediatos del gobierno uruguayo anular la ley de “punto final” -avalada por un referéndum popular en 1989-, para que los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura sean enjuiciados.

En este sentido, el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, sostuvo que no es un momento adecuado para tratare este tipo de temas y lo justificó con el avance en el hallazgo de más cadáveres de desaparecidos durante ese gobierno.

“Fue una ley que dejó muchos vacíos, pero no la vamos a derogar aprovechando las mayorías parlamentarias porque no podemos arrogarnos el derecho de modificar lo que decidió 1,3 millones de uruguayos”, agregó.

En este mismo sentido se expresó la ministra de Defensa uruguaya, Azucena Berrutti. Según indica en su edición de hoy el diario chileno El Mercurio, la funcionaria sostuvo que esa posibilidad no está siendo analizada por el gobierno

Del otro lado, organismos de derechos humanos piden la inmediata anulación de la ley, por considerar que no permite el enjuiciamiento de criminales

La coalición de Gobierno estudia un proyecto de ley interpretativo de la “ley de caducidad” que tiene por objetivo facilitar que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos y se juzgue a los mandos militares que dieron las órdenes de represión en esa época.

Sin que las cifras sea precisas, se habla de que la cooperación de las dictaduras del Cono Sur dejó unos 40 desaparecidos en Uruguay y otros 200 uruguayos en Argentina.

Un grupo de técnicos uruguayos supervisados por expertos argentinos buscan desde hace varias semanas restos de detenidos desaparecidos en el interior de dos cuarteles, pero sin resultados positivos.