VECINOS DE SAN JUSTO RATIFICARON DENUNCIAS SOBRE EL COBRO DE ARANCELES EN EL SAMCO

Legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibieron a representantes de los vecinos de San Justo para analizar la situación creada por los aranceles que el hospital Samco de esa ciudad “impone” a quienes acuden al establecimiento y las dificultades de éstos para acceder a un buen servicio de salud.
De la reunión participaron los diputados José Pividori, Antonio Bonfatti, Mónica Tomei y Lucrecia Aranda, quienes recibieron a Vilma Mazzeo, Josefa del Carmen Amesa y el ex director del hospital sanjustino, Ángel Romero.

Los legisladores escucharon a los vecinos, que les solicitaron hacer “todo lo posible” para derogar la norma que regula el funcionamiento de los Samco “porque es una ley perversa que faculta al presidente del ente a arancelar los insumos de los planes federales de salud”. También mencionaron otras cuestiones como que a las mujeres que están en el Plan de Control de la Natalidad se les cobra arancel por los anticonceptivos, que se hace otro tanto a quien quiera retirar una radiografía, que se vencen los DIU porque las usuarias no los pueden pagar, y hasta las vacunas deben ser abonadas. La cuestión de fondo, según lo explicaron los vecinos de San Justo, tiene que ver con la “colaboración” que impone la ley a los servicios públicos de Salud. Mazzeo explicó: “Lo de la colaboración es una mentira porque uno le ofrece dos pesos porque no tiene más y te dicen que son cinco. ¿Entonces cuál es la colaboración? No se puede mentir más. Eso es un arancel”.

Luego, Romero enfatizó en esa cuestión aclarando que “la ley contempla una colaboración para prestar servicios de salud a aquellas personas que no tienen dinero ni obra social. Pero a ese concepto de colaboración, ellos (los directivos del Samco de San Justo) lo toman como un arancel”. Y continuó: “Las personas están divididas por categorías, establecidas por el Samco. O sea: si la computadora dice que esa persona tiene tal capacidad adquisitiva, se le cobra más o menos por los estudios. Ese sistema de categorización y no de colaboración, ha sido tan riguroso que hasta en programas provinciales hay que ir a buscar a la embarazada que tiene ocho hijos a la casa para convencerla de que se adhiera a la planificación familiar para no seguir embarazándose”. Y continuó: “Cuando la embarazada va al hospital a ponerse el DIU le preguntan la categoría y pretenden cobrarle una cantidad de pesos. Entonces, la mujer se vuelve a su casa y sigue teniendo hijos. Esto es algo muy común en San Justo”.

Otras de las cuestiones que se pusieron de relieve en la reunión fue la visita del ministro de Salud Héctor Sylvestre Begnis a San Justo, el pasado mes de abril. Sobre el particular también se explayó el ex director del hospital sanjustino señalando que en esa ocasión “los vecinos le entregaron todos los tickets, los comprobantes y las denuncias, junto a mil quinientas firmas. Entonces, Sylvestre Begnis dijo que nos quedemos tranquilos que la situación era una barbaridad y que el hospital iba a estar intervenido dentro de las 48 horas”. Pero todo eso no se hizo y, según los denunciantes, eso le dio más poder a las autoridades del Samco.

En la reunión se comentaron muchos casos de familias carenciadas que no pueden retirar sus estudios ni atenderse debidamente por no tener los cinco o diez pesos que se exigen en el Samco y hasta se mencionó que, en ocasiones, había secuestro de documentación de los pacientes.

Los legisladores, por su parte, reconocieron que no podían brindar soluciones inmediatas y mientras Pividori afirmó que iban a tomar estas inquietudes para hacer algo al respecto, Bonfatti propuso realizar una reunión entre los nueve integrantes de la Comisión de Salud con el ministro de Salud a fin de buscar soluciones a esta problemática. Al final de la reunión, la diputada Aranda expresó su creencia de que “si el bloque del PJ se hace eco de este reclamo, dentro del Ministerio de Salud va a haber una respuesta. Con la reunión de hoy intentamos que se escuchara directamente a los involucrados. Yo creo que no es una decisión tan complicada, sino que falta claridad y voluntad política de resolución”. Y afirmó: “Lo que se está pidiendo fundamentalmente es modificar una política de arancelamiento obligatorio y erradicar la discriminación que dicha política tiene hacia los sectores más carenciados de la localidad. Además, habría que buscar respuesta a por qué todos los cuestionamientos se dirigen hacia el presidente actual del Samco”.

Finalmente, la diputada señaló que “no se entiende por qué no se busca una medida de conciliación con la gente. Hay dos muy sencillas que se podrían llevar a cabo: pedirle al presidente del Samco la renuncia, remover el consejo de administración de esa institución e integrar al mismo a las asociaciones vecinales”. Y concluyó: “Lo que está claro es que hay que dejar de arancelar los planes federales de salud porque es un delito. Creo que hay soluciones políticas pero que no se está viendo la gravedad del tema”.