Venezuela abandona la corte regional de derechos humanos

Venezuela abandonó ayer finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora. La salida disparó ayer una renovada ola de críticas por parte de grupos humanitarios, que advirtieron que la medida deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del Estado.

La decisión, que había sido anunciada hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez, fue defendida con vehemencia por los nuevos líderes del gobierno bolivariano.

“La Comisión y la Corte Interamericana de Justicia jamás han sido garantes de lo justo, sino protectores de intereses de los poderosos”, afirmó ayer el vicepresidente Jorge Arreaza. El día anterior, el presidente Nicolás Maduro había dicho también que la salida era “la mejor decisión tomada por Chávez”.

Sin embargo, ayer hubo fuertes críticas tanto en la oposición como en los organismos de derechos humanos locales e internacionales.

“Es un gigantesco retroceso”, aseguró el líder opositor Henrique Capriles en su programa de televisión por Internet, al afirmar que la decisión del gobierno viola la Constitución, que consagra el respeto a los tratados internacionales.

En efecto, Venezuela firmó en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), también llamada Pacto de San José, y la ratificó en 1977. Y en 1981 aceptó la competencia de la Corte IDH.

Anteayer, un día antes de que se concretara la salida de la Corte, la agrupación de Capriles había denunciado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la elección del pasado 14 de abril por considerarla fraudulenta, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inadmisibles sus impugnaciones.

En Ginebra, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, enfatizó que el retiro “puede tener un impacto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales en el país y en su región”, según dijo su vocero Rupert Colville.

De la misma manera, el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Karim Lahidji, calificó de “error histórico” la salida.

“Esta decisión representa un grave retroceso en el derecho a la justicia, en la medida en que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela ya no podrán recurrir a la Corte cuando se agoten las vías de recurso interno”, señaló la FIDH en un comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analiza los casos y emite recomendaciones no vinculantes y puede elevar los procesos ante la Corte, cuyos fallos deben ser acatados por los Estados signatarios de la Convención.

Aunque la Corte ahora sólo podrá conocer demandas contra Venezuela sobre violaciones de derechos humanos ocurridas antes de ayer, el Estado no puede retirarse de la Comisión, órgano autónomo de la OEA, sin dejar a la propia organización regional.

La Comisión, a la que Caracas no permite visitas desde 2002, podrá seguir evaluando y emitiendo reportes informativos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela con carácter informativo.

Los grupos de derechos humanos locales, cuya imparcialidad cuestiona el gobierno venezolano, temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia de su país.

“En Venezuela, donde existe una absoluta falta de independencia del Poder Judicial y un Tribunal Supremo dedicado a convalidar políticas del gobierno que socavan derechos fundamentales, esto es particularmente escandaloso”, opinó por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Las activistas de la ONG venezolana Cofavic Liliana Ortega e Hilda Páez destacaron que los principales perjudicados son los venezolanos, por el grave problema de impunidad que persiste en el país.

Venezuela es la segunda nación en denunciar la Convención, después de que lo hizo Trinidad y Tobago en 1998. Pero Estados Unidos, Canadá y un pequeño grupo de países del Caribe ni siquiera la han firmado o ratificado, por lo que tampoco reconocen la competencia de la Corte.

Al confirmar el retiro, el presidente venezolano recordó que Estados Unidos no forma parte de esa Corte e hizo hincapié en la paradoja de que sea Washington la sede de la CIDH, que estudia las denuncias de casos presentadas por ciudadanos y decide si elevarlas a demanda ante el tribunal.

“¡Son unos vivos!”, dijo Maduro, que acusa al gobierno de Estados Unidos de tener un “largo historial de violaciones de los derechos humanos” y de usar a la OEA para sus intereses.
Preocupación en Washington

La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue un tema que ayer ocupó al Congreso norteamericano, donde se promovió un llamado para “proteger” los derechos de los ciudadanos de países miembros del bloque del ALBA ante la inquietante tendencia existente a “avasallarlos”, según recogió LA NACION en Washington. La iniciativa fue promovida por la republicana Ileana RosLehtinen, que llamó la atención sobre el “alarmante significado” del paso dado por Venezuela, país al que reconoció como inspirador del bloque de países bolivarianos.

Por su parte, el argentino Carlos Lauría, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), lamentó la renuncia venezolana a un organismo que “representa la última barrera” contra el avasallamiento de derechos individuales.

Advirtió también los recurrentes intentos de países de la región por reformar la Comisión Interamericana, particularmente, en lo que refiere al papel de su Relatoría para la Libertad de Expresión.