VIDELA, BUSSI Y MENÉNDEZ SEGUIRÁN DETENIDOS

El dictador Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y el ex general Antonio Bussi seguirán presos por orden del juez federal Guillermo Montenegro, que dijo temer por la destrucción de evidencias del “Plan Cóndor” en caso de que los represores queden libres.

Montenegro dictó la prisión preventiva de Videla, Nicolaides, Bussi y los ex militares Eugenio Guañabens Perelló, Santiago Riveros, Juan Saá, Hugo Pascarelli, Albano Harguindeguy, Bernardo Menéndez, Luciano Menéndez, Antonio Vañek, Leopoldo Flores, Eduardo De Lío, Carlos Landoni, Jorge Olivera Rovere, Ramón Díaz Bessone, Carlos Tragant y Ernesto Alais, por su presunta responsabilidad en el “Plan Cóndor”.

Puntualmente, el juez atribuyó responsabilidad a los acusados en el secuestro y desaparición del hijo de la docente Sara Méndez, de Esther Ballestrino -una de las Madres de Plaza de Mayo cuyo cuerpo fue identificado el mes pasado-, de Mónica Grinspon y Claudio Logares y de otras víctimas del operativo “Cóndor” entre los que figuran Marcelo Gelman y su esposa, Claudia Irureta Goyena, cuyos restos con buscados actualmente en Uruguay.

La causa penal fue promovida en 1999 por familiares de las víctimas. Los denunciantes fueron Dora Carreño Araya, Idalina Wilfrida Radice Arriola de Tatter, Sara Méndez, Elsa Pavón de Grinspon, Claudia Careaga y Ana María Careaga, que luego se convirtieron en querellantes en el proceso.

Montenegro, entonces, era fiscal federal y la causa fue iniciada por el ahora ex juez Adolfo Bagnasco, que renunció. Desde entonces, el caso pasó por varias manos y, por eso, ya había sido dictada la prisión preventiva de los acusados el año pasado, cuando el expediente estaba a cargo de Jorge Urso.

No obstante, la medida dictada por Urso fue anulada y la pertinencia de mantener a los ex militares bajo arresto fue debatida por la Cámara Federal porteña y la Cámara Nacional de Casación Penal.

Finalmente ahora, Montenegro dijo que si bien adhiere al criterio de Casación respecto de que la prisión preventiva sólo debe dictarse a un imputado cuando existe riesgo de fuga o del entorpecimiento del proceso, en el caso de personas acusadas de crímenes de lesa humanidad la gravedad de los delitos obligaría a mantenerlos bajo arresto.

Resaltó, además, que “el reiterado ocultamiento de registros
atinentes a los operativos de secuestro, la detención ilegal y destino de las víctimas” del Plan Cóndor, en el que han incurrido los ex militares detenidos, funciona como agravante “en el caso recuperar los procesados su libertad”.

Así, el juez dejó en claro que teme por la destrucción de pruebas que aún puedan existir sobre la represión ilegal del período 1976-83, si los presuntos responsables de los crímenes quedan libres.

“Los hechos fueron desarrollados en el seno de un aparato clandestino de poder, amparado tras una institución formal”, escribió Montenegro en una resolución a la que tuvo acceso DyN.

El “Plan Cóndor” consistió en una coordinación y ayuda mutua entre dictadores del Cono Sur que intercambiaron prisioneros y realizaron operativos aún fuera de sus países de origen. Sus “Estados miembros”, según Montenegro, fueron Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.

En la causa también había sido procesado el ex general Carlos Suárez Mason, que falleció este año.