VILLA G. GÁLVEZ: POLÉMICA ENTRE MUNICIPIO Y EDILES

La senadora provincial Patricia Sandoz ingresó en la Cámara alta un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo santafesino que “adopte las medidas necesarias en lo atinente al alcance normativo de las modificaciones a las ordenanzas tributarias municipales del fondo de salud, seguridad y educación y la tasa de alumbrado público, dispuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal de esta ciudad.

El tema salió a la luz cuando los concejales Luis Sánchez (Partido Socialista) y Roberto Rocha y Silvia Bernal (Cambio Galvense) manifestaron que “desde hace algunos meses el Ejecutivo local ha modificado dos tributos municipales y sin dar intervención al Concejo Deliberante, atribuyéndose así potestades que no le son propias, en abierta contradicción con lo expresamente dispuesto por la ley orgánica de municipalidades”.

Los ediles explicaron que que la ley señala que “son atribuciones y deberes de los concejos municipales crear impuestos y rentas municipales compatibles con la Constitución nacional y provincial, con la mayoría absoluta de sus miembros”.

Señalaron que la normativa expresa que el cuerpo puede “sancionar ordenanzas que reglamenten el cobro de impuestos, tasas, derechos, contribuciones y multas por la vía del apremio; pero al intendente sólo le concede hacer recaudar los impuestos, tasas, derechos, contribuciones y rentas municipales, etc., por lo tanto ninguna modificación de las ordenanzas tributarias pueden ser dispuestas por el intendente”.

En los fundamentos de su presentación, la senadora Sandoz sostiene que “el Fondo de Salud, Seguridad y Educación (FSSE), se creó en 1995 por una ordenanza que establecía su constitución con el aporte mensual obligatorio de $1,80 por cada contribuyente de la tasa general de inmuebles (TGI). En 1998, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 1.320 que expresaba el incremento en cuatro pesos, medida que generó una reacción negativa en la opinión pública y, finalmente, nunca fue aplicada por el Municipio”.

“El segundo conflicto -señala- aparece con la tasa de alumbrado público (TAP), creada en 1988, que a través de la ordenanza 955/94 establece dos categorías para el pago de la TAP teniendo en cuenta el costo que demanda el consumo del alumbrado público, siendo las tarifas fijas aplicables por metro lineal de frente. Luego, en 1998 dispuso que “la tarifa a aplicar por metro lineal de frente se fijó para la categoría A $0,45 y para la B $0,35, elevadas en 2000 en $0,63 y $0,50, respectivamente”.

En su iniciativa la legisladora señala que el no cumplimiento de la ley orgánica de municipalidades se produce porque “en los últimos meses la Intendenta de Villa Gobernador Gálvez dispuso incrementar el FSSE a cuatro pesos mensuales a partir de la facturación de energía de marzo pasado”.

“Por otra parte -añadió- ingresó al Concejo el expediente 2.724/05 mediante el cual informaba que el Departamento Ejecutivo Municipal había determinado el incremento de $2,50 para la TAP, siendo de aplicación a partir del primer anticipo de 2006”.

Posteriormente, al señalar “la suma gravedad las decisiones tomadas por la Intendencia”, sostiene que es “porque se atribuyó potestades que no posee, no respetando las normativas establecidas en la Constitución y en las leyes que reglamentan el ejercicio de la distribución de poderes en el ámbito municipal”.

En ese sentido los concejales denunciantes solicitaron al cuerpo deliberativo “que solicite al Municipio el cese inmediato el incremento indebidamente aplicado y que no se sigan ignorando las atribuciones propias del Concejo”.