Viviendas únicas corren riesgo de remate

Son más de 5000 en toda la provincia. Ariel D´Orazio, integrante de la Concejalía Popular de Rosario, reclamó un debate en la Legislatura con el fin de “sancionar una ley que declare a la vivienda única como inejecutable”.

Ariel D´Orazio (Radio Eme)

 

La ley provincial 13.116 suspendía los remates de viviendas únicas y fijaba un procedimiento especial en la Justicia para los deudores. Recientemente, la normativa perdió vigencia y ahora corren riesgo de ser subastadas unas 5500 viviendas. Al respecto, D’Orazio sostuvo –en comunicación con Cero KM (Radio Eme, de lunes a viernes de 9 a 13)– que “desde la feria judicial se vienen sucediendo subastas de viviendas únicas en la provincia de Santa Fe con regularidad. Hay 5000 familias santafesinas con riesgo de perder su vivienda porque, en la provincia y a nivel nacional, no hay una ley que ampare a la vivienda única familiar y de ocupación permanente”.

 

En tal sentido, el representante de la Concejalía Popular bregó por “un debate en la Legislatura para poder sancionar una ley que declare a la vivienda única como inejecutable, que suspenda las subastas por 24 meses en la provincia y que posibilite la discusión de un procedimiento especial, como establecía la 13.116, para poder hacer un convenio judicial de pago”, planteó.

 

Asimismo, D’Orazio señaló como necesario realizar un censo provincial de deudores que resulta “fundamental para conocer el universo de deudores que tienen esta problemática en la provincia”. En ese orden, consideró preciso conocer “el origen de las deudas”. “De lo que se trata es de defender un derecho, no solamente amparar aquellos que tengan, por ejemplo, deudas con entidades financieras por un crédito hipotecario”, argumentó.

 

Un censo anterior, que data alrededor de diez años, daba cuenta de un “número bastante menor porque se limitaba también a aquellos deudores a que se presentaran y que no tuviera ningún tipo de publicidad”. Según indicó D’Orazio, esto se debe a que “se busca esconder esta problemática por las presiones que hay de las entidades financieras que no quieren un acuerdo judicial”.