Vivir de la pesca

Es un lugar mágico, donde casi todo se llama igual: San Pablo. El río, el Cabo, la Caleta, el destacamento policial y la hostería abandonada son homónimos. Un imponente barco encallado oficia de custodio del maravilloso paisaje dispuesto por la naturaleza. Allí, entre zorros, guanacos, gaviotas y caiquenes, un puñado de pescadores artesanales lucha a brazo partido contra el clima, el olvido, la desidia y la impunidad de los grupos de poder.

Francamente sorprendidos del interés periodístico –“es la primera vez que se acerca alguien”-, recibieron a este periodista los pescadores Julio Obispo y Pedro Cabolli, de larga historia en ese paraje singular. “Estamos sometidos al mar” señala Obispo. Pero no sólo: las decisiones gubernamentales y la acción de los estancieros de la zona inciden sobre la sacrificada actividad. De manera negativa, claro.

“Los estancieros no quieren que nosotros estemos en los lugares específicos donde se pueden extraer más beneficios de nuestro recurso” apunta Cabolli, y Obispo explica que “la ley 244 dice que tenemos que tener un paso de servidumbre de 50 metros de ancho y 3 kilómetros o más. Eso es lo que el Gobierno no hace cumplir”.

“El Gobierno tiene que exigirle a los dueños de estancia que nos habilite ese paso –completa- porque esos son los lugares a los que nosotros podemos ir a hacer la captura. Acá en caleta San Pablo hay muy poca pesca y por eso tenemos que recorrer las playas donde están los cardúmenes, y hay lugares donde lo podemos hacer y lugares a los que no podemos acceder”.

Pasándolo en limpio: hay recurso, pero no se explota. Tanto en Río Grande como en Ushuaia, las dos principales ciudades de la provincia, conseguir pescado fresco puede ser una odisea. El mercado interno se nutre principalmente de productos foráneos, congelados y caros. De lo nuestro, nada.

“Sería bueno para la provincia tener pescado fresco de la zona, principalmente para el turismo que tenemos acá, que podríamos satisfacer con nuestra producción, pero no hay forma de conformar a esta gente para que nosotros podamos tener el acceso” explica Cabolli, en referencia a la intransigencia de los estancieros. Ambos coinciden al señalar que el recurso “se desaprovecha” y que “la solución es que el Gobierno aplique la ley 244 como corresponde”.

El Estado exige a los pescadores el pago del Monotributo, Ingresos Brutos y permisos de pesca. Y no sólo no establece políticas que favorezcan la actividad, sino que tampoco cumple con la obligación de hacer cumplir la ley provincial de pesca sancionada el 17 de agosto de 1995.

“Nosotros sabemos que tenemos nuestros derechos, pero hasta ahora es como si no los tuviéramos; los estancieros son los que se niegan al acceso a nuestro derecho” sostiene Cabolli, de profesión cocinero y con nada menos que catorce temporadas en el lugar.
“Y esto es grave, porque nos está dificultando el derecho a trabajar, a explotar los recursos, para lo cual nosotros pagamos un permiso y utilizamos redes reglamentadas. El diálogo con los estancieros a veces no es accesible, porque el estanciero va y viene y es como si tuviera una soberbia sobre la gente que está trabajando” completa Obispo.

Una vida dura

El poblado más cercano a caleta San Pablo es Tolhuin, a 85 kilómetros, con apenas dos mil almas. A la desidia oficial se suman entonces los inconvenientes propios de la zona: un clima que suele ser poco benigno, el camino que se tapa de nieve o lodo, sospechas de contaminación en el río y problemas de calefacción.

“No cualquiera es pescador” asevera Obispo, para quien “somos invisibles a la sociedad”. “La gente sabe que acá hay pescadores, pero no sabe qué hacemos, cómo capturamos pescado, si se pasa frío, si pasamos hambre, si podemos acceder a algún centro médico. La gente viene, mira y se va, no pregunta nada, la gente de Gobierno viene a pasear acá y no se preocupa por cómo vivimos” expresa.

En esta actividad es fundamental conocer el régimen de mareas, los modos de capturas, las especies, y acertar en la búsqueda de los cardúmenes. “Acá se arranca en el horario en que baja el agua, se coloca la red en lo seco y se espera que suba el agua; cuando baja la marea se recolecta, se evisceran los peces y se lavan con agua salada, para mejor conservación del producto” detallan. El pescado se encajona y es transportado a Ushuaia, el mercado más redituable. En invierno es muy poca la captura que se hace, porque el agua es muy fría.

“La pesca nos da para pagar los gastos de nuestra familia, para eso sacamos, tenemos pesca regular de róbalo, pejerrey, merluza, palometas, y de vez en cuando algún salmoncito. Yo llevo a Ushuaia algún pescado suelto, para mi no es rentable” señala Cabolli.
Por su parte, Obispo apunta que “tres familias están viviendo de esto, esto nadie lo valora y mucha gente no lo sabe.

La gente no nos conoce a nosotros: mira el pescado cuando lo va a comprar, pero no nos mira la cara a nosotros”.
Los pescadores quieren comprar los terrenos fiscales donde están asentados. El Estado no sólo no se los vende, sino que hasta se han encontrado con algún intento de desalojo.

Y –por si eran pocos los inconvenientes- en las últimas semanas salió a la luz la posible contaminación del curso de agua dulce y la muerte por envenenamiento de dos perros, compañeros de los pescadores.
Sobre esto último, las sospechas apuntan en la misma dirección: las estancias de la zona.
Queda claro, entonces, que ser pescador no es para cualquiera. Pero ellos la siguen peleando. Pese al clima, el olvido, la desidia y la impunidad de los grupos de poder.

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