VIVRÁN JUNTOS TRES HERMANOS QUE HABÍAN SIDO SEPARADOS

Tras largos años de incertidumbre y una durísima batalla judicial, los hermanitos Díaz Guerra quedarán juntos y con su familia biológica. Así lo decidió ayer el procurador general de la Suprema Corte Provincial, Matías Eduardo de la Cruz, en un dictamen provisorio que deberá evaluar la Corte y que, de confirmarse, promete terminar con la pesadilla que viven los chicos desde la muerte de su madre, en 1996.

“Nuestra postura es que hay que mantener la unidad de los hermanos, porque no hay ningún elemento que indique que estos chicos, creciendo separados, van a vivir mejor”, explicaron a Clarín fuentes de la Procuración, a horas de conocerse el fallo.

De acuerdo con el extenso dictamen, Javier, Damián y Gimena (de 17, 10 y 7 años), seguirán viviendo juntos y con sus tíos biológicos, como lo venían haciendo desde principios de 2002 y como lo dispone la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. “Llegó el momento de sosiego para los chicos. Es tiempo de proseguir y no desandar el camino emprendido por los niños conviviendo entre sí, con sus hermanos, tíos y abuelos, rodeados de afecto y con quienes rescatarán la historia común, viviente y activa que hace a su identidad, a la que tienen derecho sin más postergaciones”, sostuvo el procurador en su resolución.

De la Cruz destacó además que ya había advertido sobre la necesidad de mantener a los niños unidos, al cuidado de sus tíos maternos. “Han pasado tres años desde entonces y creo necesario construir para estos tres hermanos una base sólida para su porvenir, que no puede ser otra que aquella que los mantenga unidos, alimentando sus lazos en convivencia real y efectiva que brindan sus tíos maternos”.

Todo empezó en 1996, cuando la madre de los chicos, Sara Díaz, murió tras dar a luz a Gimena, la menor. Había sido internada, embarazada de ocho meses, con un ataque de hipertensión, causado presuntamente por los golpes que había recibido de su marido, Julio Miranda. Aun así fue él quien, desde entonces, se ocupó de criarla junto a sus dos hermanos.

El problema fue que pronto se comprobó que Miranda había abusado de los varones y, de ahí en adelante, los tres hermanitos quedaron sometidos a la voluntad de distintos jueces bonaerenses. Si bien sus tíos biológicos, Susana Díaz y Daniel Guerra, se presentaron desde un primer momento a reclamar su guarda, los chicos fueron separados, unidos y vueltos a separar varias veces desde 1996.

El caso conmueve a la opinión publica desde el año pasado, cuando, a pedido de personas extrañas a la familia —los vecinos Carlos y Dora Mancuso—, la Cámara Civil de San Martín dispuso desmembrar la guarda de los niños en hogares diferentes: los varones vivían con sus tíos, pero la nena fue entregada a los Mancuso.

“La sentencia es aberrante e imposible de sostener porque viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niños”, dijo en aquel momento Estela Carlotto, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La decisión había sido tomada por el juez Bernardo Mogaburu, quien a fines de 2001 fue sancionado por la Corte bonaerense, que lo denunció penalmente y le quitó el caso. Un nuevo juez, Rómulo Pegnognori, tomó la causa y, a comienzos de 2002, decidió que la nena volviera con sus hermanos a casa de sus tíos, hasta que se tomara una decisión definitiva.

El problema fue que, en febrero, los Mancuso llegaron hasta la Suprema Corte provincial, que ordenó separarlos otra vez, y luego, a los tres días, se echó atrás sorpresivamente y desató un escándalo. En las orillas del caso ya hay un juez de Menores sancionado y dos ministros de la Corte acusados de haber cometido delitos graves en la causa. Además, el tío de los chicos denunció que recibía amenazas telefónicas en su casa y hasta estuvo con custodia policial.

El abogado de los menores y de la familia, Juan Pablo Gallego, dijo a Clarín que sentía una “gran satisfacción con el ejemplar dictamen del procurador, que viene a poner fin al extenso calvario soportado por los menores, dándoles certeza acerca de su futuro e integración a su familia biológica”. Dijo, además, que “por obra de sucesivos yerros judiciales anteriores a este dictamen, se estuvo a un paso de legalizar la apropiación de menores”.

Según Gallego, que es asesor letrado del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la decisión del procurador “reconcilia a los niños y a esta familia con la Justicia y garantiza la vigencia de la Convención” y “el reordenamiento jurídico en el país”. Ahora queda pendiente la decisión final de la Corte. Su resolución cerrará un capítulo signado por la tristeza, algo que debería mantenerse prudentemente lejos de la infancia.